Argain manifestó su sorpresa ante la posición del STJ sino que también el senador Eduardo Jodor (PJ-Gualeguay) estimó necesario estudiar el tema y definir claramente los ámbitos de competencia de cada uno de los poderes del Estado. Jodor también expresó el «rechazo» del cuerpo al pronunciaimento de la Justicia y decidieron el retorno de los pliegos a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Pero para los senadores la cuestión a resolver no era sencillamente, no tanto por acatar o no el pronunciamiento del Superior Tribunal, sino y fundamentalmente, guardar cierta coherencia entre otras situaciones, como el conflicto docente, donde se ordena la sumisión al dictamen de ese poder.
A su vez, algunos legisladores se preguntaron cómo es posible que la orden llegue primero a los medios de prensa y se comunique al Senado horas antes de la sesión en la que estaba previsto el tratamiento de los pliegos, cuando estos procedimientos han sido publicados y anunciados en los medios de comunicación y han merecido sus respectivas audiencias públicas para cumplir con los requisitos del trámite.
También, los senadores advirtieron que no se someterán fácilmente al texto de la acordada y por ello, con los pliegos en comisión, anticiparon que realizarán las consultas técnicas necesarias para resolver este conflicto de poderes.
A comisión
Por moción del senador Argain, los pliegos de la Dra. Gabriela Teresita Mastaglia -propuesta para ser nombrada Vocal de la Cámara II, Sala I, con competencia Civil y Comercial, y de la Dra. Ana María Celia Stagnaro propuesta para su designación como Vocal de la Cámara III, Sala II, con competencia Civil y Comercial, volvieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, a efectos de informarse la misma y asesorarse respecto a la decisión definitiva a tomar por el Senado.
Curiosamente en la sesión estuvo María Gabriela López Arango quien aguardaba el tratamiento de su pliego para ser nombrada vocal de la Cámara III -Sala I- con competencia Laboral de la ciudad de Paraná, quien precisamente dictaminó que los docentes debían retornar a clases, fallo en cuya sombra se amparó el Ejecutivo.El Poder Legislativo ahora debe resolver si acata la orden del STJ o si la desoye, pero en cualquiera de las opciones encuentra más dudas que certezas.
