En este sentido, Busti sostiene que éstos “motivan que se violente el legítimo derecho a los niños y jóvenes entrerrianos que se ven privados del servicio educativo, declarado por todos los Tratados Internacionales con rango constitucional y por la Legislación Nacional y Provincial como un bien social y público garantizado”.
Por último, el gobernador considera “legítima la pretensión de consultar a la ciudadanía que es la que legitima en nuestro sistema democrático el accionar del Gobierno”.
