Además, dijo que pretenden reunirse con los senadores provinciales para solicitarles que no sea tratado el proyecto que intenta declarar a la educación como “bien social jurídicamente protegido”.
Dijo también que justificará la necesidad de “proteger el derecho legítimo y constitucional a la medida de fuerza, como una expresión de los trabajadores para marcar el desacuerdo con una política”.
El reclamo de la Justicia se originó luego de recepcionar una acción de amparo presentada por un grupo de padres cuyos hijos asisten a la escuela Nº 202, Gaspar Benavento, de Paraná. La presentación incluye el pedido para que se dicte una medida cautelar que obligue a los maestros a suspender de inmediato las medidas de fuerza.