El Superior Tribunal trató este tema ayer, en el acuerdo general Nº 23/07, y advirtió “con alarma” que el Legislativo avanzó en la sanción del proyecto en cuestión. Entendieron que se están “desoyendo las opiniones contrarias y las observaciones técnico-dogmáticas e institucionales que oportunamente formularan el máximo Tribunal entrerriano, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y el Foro de Superiores Tribunales y Corte, de las provincias de la Región Centro del país”.
Como aún no se ha promulgado la norma, el STJ decidió “reiterar ‘vehementemente’ su posición a los efectos del oportuno ejercicio de los mecanismos constitucionales a su alcance para evitar la entrada en vigencia de la norma”.
La adhesión a la ley nacional Nº 26052 permite transferir a la jurisdicción provincial los delitos relacionados con el comercio, la entrega, el suministro y facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo.
