Actualmente está siendo contenido psicológica y físicamente en la Sala de Salud Mental del hospital Independencia, en un y trabajo conjunto realizado entre enfermeras, médicos, el equipo local de la Dirección de Niñez y la colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Se puso averiguar que el muchacho ingirió muchas pastillas, alcohol e incluso perfume.
El triste derrotero del adolescente hacia la prostitución juvenil comenzó hace cinco años en Colón y al cabo de un tiempo llegó a Santiago del Estero, tal vez tratando de escapar de una historia muy difícil: violación a los 10 años, presunto abandono de la familia y portando una condición de homosexualidad fruto de esa violación.
Las autoridades de Santiago del Estero informaron que por el momento el joven en crisis no desea volver a Colón, habida cuenta de que su condición de homosexual sería rechazada por sus parientes paternos, a quienes acudió en procura de asilo.
Precisamente, esa situación motivó que buscara albergue en otras casas y se habría ido a convivir con travestis, que lo habrían obligado a prostituirse para pagar sus alimentos, aunque esta versión no habría sido corroborada todavía.
Avanzada esta situación, el Consejo del Menor de Entre Ríos se contactó con su par santiagueño con el fin de trabajar en conjunto algunos aspectos de la recuperación. En ese marco, el organismo entrerriano localizó a la madre y luego le costeó los gastos del traslado hacia la provincia norteña. “Una vez que la madre llegue a Santiago será llevada al encuentro de su hijo. Recién ahí sabremos si el menor desea volver a Colón, o bien toma otra decisión”, informó a la titular del Consejo del Menor, Dora Jávega.
La funcionaria confirmó que “se está frente a un dramático caso que debe requerir el trabajo de profesionales. Lo importantes es que está contenido y con el correr de los días se sabrá cómo se avanza con el trabajo en conjunto con las autoridades de Santiago del Estero”.
Leyes claras
El informe que dio a conocer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre el estado de la explotación sexual comercial de menores y la trata de personas en la región, y más precisamente en la provincia, motivó una respuesta del jefe de Investigaciones, comisario Jorge Ríos, quien señaló que “quizás no haya trascendido en los medios el trabajo que venimos realizando porque acostumbramos a hacerlos en forma sorpresiva”, y agregó: “Lo ejecutamos desde hace bastante tiempo atrás, porque el Comando Superior está muy interesado en dar una respuesta a este problema; sobre todo en lo que respecta a menores, porque es un tema que preocupa a todo el mundo”.
Así, Ríos informó que “en este último tiempo, antes de que se conociera el informe de Unicef, por orden expresa del jefe de Policía y del subjefe, recorríamos las distintas whiskerías, bares o como los denominen en los que haya mujeres trabajando”, y aseguró que se recorrieron “36 locales y se identificó a 194 personas”.
Ríos explicó que ante las distintas estrategias que adoptan las personas que están en este negocio, se decidió convocar en los operativos a personal de la oficina de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección de Migraciones. En ese sentido aclaró que la convocatoria de los efectivos de Migraciones se hizo efectiva “por el hecho de que hemos detectado en algunas whiskerías ciudadanas extranjeras que están trabajando en la provincia, y que ingresaron con visa de turista”, y agregó que “si están con visa de turista no pueden trabajar ni en la provincia ni en el país”.
Pocas herramientas
Ríos señaló que la falta de una legislación que tipifique explícitamente este delito dificulta la tarea de los uniformados. En ese sentido señaló que “al no tener herramientas legales los operativos se hacen con Migraciones y la AFIP”, y expresó: “Lo que quiero dejar en claro es que nosotros ingresamos hasta donde ingresa el público. Si cualquier civil puede ingresar a una whiskería o bar y tener contacto con mujeres, nosotros también podemos entrar ahí para simplemente corroborar la identidad de las mismas”. En ese sentido precisó que otra táctica de evasión de los controles de las fuerzas de seguridad consiste en presentar “una exposición o constancia de pérdida del documento, y por lo tanto tenemos que hacerle una ficha dactiloscópica para ver si realmente corresponde la identidad que se está manifestando con la persona que la acredita”.
Ríos fundamentó que este tipo de mecanismo de control es también eficaz para “comprobar si existen menores trabajando en estos lugares”, y agregó que más allá de dos casos puntuales “que fueron de público conocimiento no tenemos constancia de otros menores que estén trabajando en la provincia, por lo menos en la parte que hemos recorrido”.
Estadísticas
Respecto de si desde la fuerza cuentan con una herramienta tan útil para combatir la delincuencia como lo es el mapa del delito, Ríos expresó: “No exactamente en forma de mapa, pero tenemos estadísticas de todas las casas que están funcionando en la provincia”, y explicó que las mismas “se deben a que se le pide a cada departamental que informe en su jurisdicción sobre las casas que están funcionando, quiénes son los dueños; y a veces se le pide saber si están inscriptas en la AFIP y las municipalidades de cada departamental porque las que autorizan su apertura son las respectivas comunas”.
Con respecto al trabajo que vienen realizando desde la fuerza, Ríos opinó: “Creo que estamos trabajando bien, porque al momento que se identifica a una menor en esta situación, automáticamente se lo comunica al Juzgado interviniente y ellos toman cartas en el asunto, por lo que por ahora estamos trabajando bien con las herramientas que tenemos”.
