“Si hay descuentos, se va a profundizar el conflicto y va a crecer el malestar. Descartamos por completo que se pueda producir algún quiebre en el nivel de adhesión que están teniendo las medidas de fuerza”, agregó.
El congreso provincial de Agmer, que sesionó en Concordia el 19 del actual, rechazó la oferta salarial del Gobierno —la propuesta oficial consiste en llevar el mínimo garantizado de 1.040 a 1.071,41 pesos, lejos de los 2.400 pesos que reclaman los docentes—, y dispuso un fuerte plan de lucha: una huelga de 72 horas, los días 23, 24 y 25 de julio; y dos paros de 48 horas, 1º y 2, y 9 y 10 de agosto.
La respuesta del Gobierno fue un endurecimiento: no sólo reafirmó la determinación de no abonar el aumento ofrecido, sino que resolvió descontar los días no trabajados y además aplicar quitas en el adicional por productividad, que tendrá una merma del 75 %. Según cálculos hechos en Educación, un maestro de grado sin antigüedad perdería aproximadamente 100 pesos sobre un salario de bolsillo de 1.040 pesos por el descuento de los días de paro.
El Gobierno se apoyó en la circular Nº 02 del Consejo General de Educación (CGE) para aplicar los descuentos. La norma establece que la “obligación del directivo es informar todas las inasistencias del personal a cargo”, y que en caso de que ello no ocurra “se dará por entendido que la totalidad de los agentes, incluido el personal directivo, no concurrió a realizar sus tareas y se procederá en consecuencia”.
La norma acude al artículo 3º de la resolución 300 del año 1997 que, dice el CGE, “fija claramente la obligación de información por parte del personal directivo de los establecimientos”.
En realidad, el Consejo de Educación depositó la máxima responsabilidad por los descuentos en los directores de las escuelas, a quienes se los obligó a informar las nóminas de los docentes que decidan no trabajar. Ese camino tuvo un fuerte rechazo de Agmer, que no sólo repudió el dictado de la circular Nº 2 sino que además recordó a los directores la obligación de informar solamente sobre “porcentajes de ausentismo o presentismo” en las escuelas, pero sin nombres.
Sea como fuere la notificación, el Gobierno ya dispuso la aplicación de los descuentos por los días de huelga, y lo que se entrevé a futuro es un horizonte de disputas judiciales por la legitimidad de esa medida. De todas formas, la administración del gobernador Jorge Busti no ha dejado en firme hasta ahora una determinación de ese calibre hacia los maestros.
