Con la presencia de sus convocantes, la organización de Villaguay SOS Verdes y de la Comunidad Charrúa, AGMER, Asociación por Villaguay y El Árbol de la Tierra el tema central fue el problema presente y futuro si no se llevan adelante medidas que permitan no solo frenar, sino reparar parte del daño que se ha infringido a la naturaleza que es decir al sostén de la vida.
Los exponentes fueron tomando la palabra y así, entre otros, definieron sus posturas Jorge Daneri (Fundación Viguá), Marina Varela y Daniel Dellazuana (Comunidad Charrúa), Rubén Ruiz en representación de Federal, María Luisa Guanda de Concepción del Uruguay, Daniel Verzeñazi (Foro Ecologista), sumado a la orientación de los asesores legales y la coordinación del debate a cargo de Miguel Fernández y Mateo Isla.
Uno de los puntos salientes estuvo dado por la intención de interponer un “Recurso de Amparo”. Es que, estando en vigencia la Ley que no permite el desmonte se ha violado la misma en varias oportunidades. Hay que destacar que existen reparticiones que parecen no existir ya que debido a su inoperancia han permitido que triunfe la ilegalidad en la provincia. Esto, teniendo en cuenta que según las versiones el porcentaje del monte nativo que se desea preservar estaría por debajo del 10%.
En ese sentido una de las ponencias que fue seguida con total atención fue la que habla de un monte nativo “barrido” donde solo quedan islas y eso también es grave por lo que se exigirá la recomposición del monte nativo en Villaguay y Federal porque el despojo de las especies naturales vegetales no es la única preocupación de la asamblea, sino que han destruido los hábitat propicios para la vida en general.
En cuanto a los agroquímicos, según la información de AP Villaguay, se solicitará un registro de las empresas habilitadas y de los controles que se efectúan y sanciones aplicadas por el mal manejo o uso ya que en diversas provincias hay un seguimiento paso a paso de la ruta que siguen, inclusive con devolución de los envases para el correcto tratamiento.
Otro item importante es el de dar rango constitucional a estas peticiones ante la inminente reforma de la Constitución Provincial porque es el mejor momento para que en ese ámbito y con participación de los sectores ambientalistas representados allí se pueda tratar e incorporar a la Carta Magna de Entre Ríos.
