El hecho ocurrió en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná. Para que la iniciativa prospere se requieren los votos de un tercio de los diputados presentes, por lo que se cree que la misma será aprobada. Si así ocurriere, se fija la fecha en que se citará al ministro y se le comunica, junto con los temas de la interpelación.
Sin embargo, la presencia de Bordet en el recinto podría adelantarse, si el ministro decide presentarse espontáneamente en la Cámara, el día de la próxima sesión.
Esta alternativa es posible si se tiene en cuenta que Bordet se ha prestado a la requisitoria periodística sobre el tema sin retaceos y, a juzgar por la información con que cuentan los diputados sobre el tema, las preguntas no serían demasiado diferentes.
Ayer, el ministro aseguró que en la investigación de los hechos “no se protegerá a ninguna corporación”, en referencia a los médicos involucrados. El funcionario entendió que el hecho es “un caso típico de mala praxis, un error humano pero imperdonable”.
Sobre la interpelación, aseguró que concurrirá y que lo hará acompañado del secretario de Salud, José María Legascue, sobre quien han cargado las tintas algunos de los médicos involucrados, como el titular del Programa Sangre Segura, Carlos Sanaschi, hoy separado de su cargo.
Bordet recordó además que la querella será llevada adelante desde la Oficina Anticorrupción “para determinar si los funcionarios provinciales pueden ser sancionados penalmente” y remarcó que los sumarios administrativos “están abiertos”.
“En cuanto se detecten algunas otras faltas graves, seguramente, habrá cambios y separaciones de cargos. En la medida que el proceso avance, estamos dispuestos a producir todos los cambios necesarios para reparar esta situación”, prometió.
Al respecto, señaló que “no se protegerá a ninguna corporación y queremos que se determinen las responsabilidades del caso y que sean castigadas. Aquí hay una damnificada, una mujer a la cual se afectó severamente”, admitió. Asimismo, resaltó que “hubo una falta grave del responsable del programa Sangre Segura que no comunicó por la vía administrativa y jerárquica para poner en conocimiento a los funcionarios superiores”, y por ese motivo, “se lo separó automáticamente del cargo”.
En ese sentido, explicó que la “falta grave” consistió en “no haber comunicado al jefe de Servicio ni tampoco al director del hospital lo que sucedía. “Aquí es donde se produce la primera falta administrativa que fue sancionada prima facie con la separación del cargo, con el sumario y con la vía judicial a la cual también recurrimos desde el Estado”, explicó.
