El argumento para la posible denuncia no sería la movilización acuática del domingo 25 de marzo, sino el llamado “corte del río” o bloqueo simbólico que los asambleístas realizaron el 3 de febrero. A fines de ese mes, la delegación uruguaya presentó en la CARU un pedido de informes sobre el citado “corte”. Los funcionarios orientales manifestaron que habían tomado conocimiento de que “ciudadanos argentinos provenientes de Gualeguaychú arrojaron al río diferentes materiales que obstruían la libre navegación sobre el canal principal; y que dichos materiales debieron ser retirados por personal de la Prefectura Nacional Naval uruguaya”.
A efectos de determinar el alcance y responsabilidad del hecho, solicitaron a la delegación argentina que aporte información al respecto, “ante una eventual violación” de lo establecido en el Artículo 5° del Tratado de Límites del Río Uruguay (de 1975, el mismo que Argentina acusa al Uruguay ante La Haya de haber violado en por lo menos en cinco ocasiones). Este artículo estipula que “ambas partes se reconocen recíprocamente la más amplia libertad de navegación en el tramo del río Uruguay que se delimita por el Tratado, incluso para sus buques de guerra (y) para los buques de todas la banderas”. Por ende, dicen los uruguayos, si hubo “corte del río”, hubo violación.
Pruebas
El 3 de febrero en cuestión, los asambleístas colocaron tambores vacíos fondeados sobre el canal de navegación, atados a una cuerda; una bandera pirata y otra finlandesa boyando sobre cubiertas infladas, y entregaron una carta a la prensa. “Es un acto simbólico, una manifestación pacífica ante las reiteradas acciones ilegales de Botnia-Finlandia y Uruguay”, decía el mensaje.
“Botnia deberá recordar que no queremos que continúen las violaciones a este río ni que lleguen por él materiales para seguir levantando la planta. El día de mañana podría ser que tampoco pueda salir por esta vía la producción de su pasta. El 80 % de este río está del lado argentino. No vamos a aflojar”.
En base a lo filmado el domingo 25, la delegación argentina ante la CARU tiene pruebas de que no se produjo allí ningún corte ni violación.
Hipótesis
Las amenazas de acciones directas contra Botnia por parte de ambientalistas argentinos luego de las fuertes manifestaciones registradas entre jueves y viernes generaron un estado de alerta en el Gobierno y fuentes oficiales aseguraron que se va a “preservar el orden y defender la propiedad privada”.
El pasado fin de semana, los efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) alistados en Fray Bentos recibieron la orden de estar “alertas” y sondear la posibilidad de que pudiera haber trabajadores “infiltrados” en Botnia dispuestos a realizar alguna acción de sabotaje. En tanto, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, solicitó más vigilancia policial para el perímetro de Botnia.
La preocupación del Gobierno se incrementó pese a que un informe de Inteligencia militar en poder del Ministerio de Defensa afirma que no hay una amenaza real.
Las fuentes del Gobierno consultadas por Últimas Noticias advirtieron que este tipo de reacciones no ayudan a crear un clima adecuado para el diálogo, ante la cercanía del encuentro en España con el facilitador real, y se cuestiona que el presidente argentino Néstor Kirchner no reaccione para desestabilizar estos hechos. Además, indicaron que esto debilita la posición argentina frente a cualquier negociación.
