De hecho ayer el asambleísta Martín Alazard dijo a LA NACION que «es llamativa la premura con la que los fiscales actúan ante los trascendidos». Los funcionarios juidicales porteños son Martín Lapadú y Gabriel Unrein. Pero inmediatamente agregó: «Si el bloqueo no termina realizándose no será por la decisión de un fiscal que no nos asusta».
Alazard cuestionó a la Justicia en general por su inacción: «Frente al problema de las pasteras, ningún fiscal argentino se dignó a actuar para saber qué es lo que transportaban las empresas contaminantes por las rutas y qué salía del puerto».
De paso, reclamó que «se cumpla con el Código Aduanero para evitar el transporte por territorio argentino de material destinado a plantas contaminantes».
En tanto, Alfredo de Angelis, otro de los voceros más requeridos de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, se mostró satisfecho con la repercusión del anuncio del bloqueo y dijo que la cosa puede quedar ahí nomás luego de considerar que «el anuncio provocó un gran sacudón mediático».
También Jorge Fritzler se mostró seguro de que el anuncio de bloquear la salida del transporte fluvial en el Puerto de Buenos Aires ya tuvo un «efecto positivo», en alusión a la repercusión que tuvo en los medios.
Cuando se le pregunta por la medida judicial de que se identifique a los manifestantes que realicen bloqueos y hasta que se los detenga para garantizar el tránsito fluvial, Fritzler muestra su perfil más confrontativo. «No nos podemos preocupar con las amenazas de detenciones porque contamos con miles de personas dispuestas a apoyarnos en las operaciones, y resulta muy difícil entonces que un fiscal aprese a 20.000 o 30.000 personas que podemos llegar a juntar», aseguró.
También una de las caras más conocidas de la lucha de los asambleístas entrerrianos se refirió a las medidas adoptadas por Lapadú y Unrein. En ese sentido, la comparsista Evangelina Carrozzo desafió la advertencia judicial y consideró que «si es necesario» hay que concretar el bloqueo del puerto. «Gualeguaychú busca estrategias para ser escuchado», fundamentó en declaraciones formuladas a Radio Del Plata.
En tanto, Alazard se explayó más sobre el tema y reprochó a los fiscales su falta de una visión más amplia del conflicto generado por la instalación de dos papeleras en la costa del río Uruguay. «Se garantiza la libertad de tránsito como si fuera un derecho fundamental y no se toma en cuenta el atentado a la salud que implica la instalación de las plantas», advirtió el asambleísta, médico de profesión.