El jefe de la delegación uruguaya, Héctor Gros Espiell, había criticado en fila al presidente Néstor Kirchner, al ministro del Interior, Aníbal Fernández, y al gobernador Jorge Busti, quienes —sostuvo— «alentaron con diversas declaraciones públicas el bloqueo de los puentes limítrofes». Según la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, en cambio, la política oficial en la materia fue «la disuasión».
Los cortes de ruta son, justamente, la razón que trajo a Uruguay de nuevo a La Haya. Esta controversia ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas la inició Argentina, en mayo, con el argumento de que la construcción de las pasteras de Fray Bentos configura la violación de un tratado firmado por ambos países. En junio, el Gobierno solicitó que se frenaran las obras y se llevó una derrota contundente. Esta vez fue Uruguay el que formalizó el pedido urgente de una medida cautelar: pretende que la Corte Internacional obligue a Argentina a tomar medidas «razonables y apropiadas» para «prevenir o poner fin a las interrupciones del tránsito» en cada paso fronterizo.
En su resolución de hace seis meses, la mayoría del tribunal advirtió a ambos países que no debían hacer nada que empeore este conflicto, que de intrincado ya tiene bastante. Para Uruguay, el regreso de los cortes de ruta es el agravamiento que amerita ya mismo una medida provisional.
Menos se pusieron de acuerdo las partes en cómo clasificar los bloqueos: mientras Gros Espiell los redujo al método argentino «para conseguir mediante la coerción lo que no se logró por la vía legal», el abogado rosarino Marcelo Kohen los caracterizó como «un movimiento social». La definición que más se espera es la de la Corte, recién a mediados de enero.
Los magistrados, acostumbrados a estos escarceos, siguieron la sesión impávidos. El alemán Bruno Simma tomó nota de los alegatos en un cuaderno. El chino Shi Jiuyong, de 80 años, cerró los ojos durante largos pasajes, seguramente para ganar en concentración. Los jueces ad hoc de cada parte —Raúl Vinuesa por Argentina, el español Santiago Torres por Uruguay— se sentaron en las puntas. Y en el medio, Rosalyn Higgins, inglesa y presidenta del cuerpo.
La estrategia argentina empezó por cuestionar la competencia del tribunal para meterse en un asunto que no tendría conexión con el de fondo, que es la violación o no del Estatuto del Río Uruguay. El francés Alain Pellet, que ya había sido contratado por la Cancillería en junio, ironizó con que harían falta «malabarismos» para unir causalmente las dos cuestiones.
En setiembre, Uruguay le ganó a la Argentina un laudo arbitral en el ámbito del Mercosur. Ruiz Cerutti afirmó que, en ese proceso, los uruguayos insistieron en que los cortes y las papeleras debían tratarse en trámites separados, cuando ahora los presentan como una misma cosa. «No se puede pedir el fuego y el frío», resumió la embajadora.
Hoy a las 10 (las 6 en Buenos Aires) el equipo uruguayo buscará rechazar esa postura. La exposición argentina, a las 16.30, dará por concluida esta instancia.
