De un lado estará la delegación argentina, presidida por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti. Del otro -y separados por un pasillo «sin piquetes»-, el equipo uruguayo, que lidera el embajador Héctor Gross Espiell.
Frente a ellos, y vestidos con largas togas negras, los quince jueces que, en pocas semanas más, deberán decidir si hacen lugar o no a las medidas que pide Uruguay contra los cortes de ruta. Y contra la «pasividad cómplice» que, a su juicio, exhibe en la materia el gobierno de Néstor Kirchner.
Ambos países se verán las caras en este tribunal de las Naciones Unidas por tercera vez en los últimos siete meses. Las dos previas no fueron favorables para nuestro país, que en julio último perdió por 14 votos contra uno un infructuoso reclamo para que se suspendiera la construcción de las plantas.
En las últimas semanas, la Argentina intentó sin éxito que Uruguay dejara sin efecto este nuevo reclamo ante La Haya. La cuestión figuró en la mesa de negociación sobre la que trabajó el enviado especial del rey Juan Carlos de España, el embajador Juan Antonio Yáñez, en su reciente viaje al Río de la Plata. Sólo se mostró dispuesto a una hipotética retirada de demanda en el caso de que el gobierno de Kirchner «se comprometa públicamente» a hacer algo efectivo contra los cortes. Pero Kirchner no estaba dispuesto a dar ese paso.
La primera ronda será para Uruguay, que tendrá tres horas para una exposición oral. Luego de una pausa, por la tarde, tocará responder a la Argentina, que insistirá en separar al gobierno argentino del «derecho de los ciudadanos a expresarse en un tema que les inquieta».
Uruguay quiere una respuesta antes de que avance el verano «y los cortes de ruta produzcan un daño económico irrecuperable» en el desarrollo de la temporada turística. «Hablamos de cientos de millones de dólares en pérdidas», señaló el país en su argumentación.
Uruguay, en cambio, está convencido de que ganará una vez más, según lo anticipó su canciller, Reinaldo Gargano. Y por eso no aceptó dejar sin efecto la demanda de medidas cautelares para que el gobierno argentino «adopte una política activa» e impida los cortes de ruta en la frontera común.
