Gualtieri consolidó su poder económico con la obra pública. Esa actividad lo conectó con algunos gobiernos provinciales y la cercanía con el Estado alimentó suspicacias en el período de gestión 1991-1999, cuando Eduardo Duhalde disponía de recursos políticos y cierta hegemonía partidaria en Buenos Aires. También administraba Duhalde los 600 millones de pesos que la Nación asignó, desde 1992, para obras en el Conurbano bonaerense. Nunca prosperaron las denuncias sobre favores en las licitaciones.
Además, el empresario es uno de los principales propietarios de tierras de la provincia, ya que posee unas 80.000 hectáreas en la zona del Delta del Paraná. También es dueño de otros negocios en la provincia. Siempre se destacó su buena relación con el gobernador Jorge Busti, quien, le condonó una deuda cercana a 1 millón de dólares.
Los cargos que comprometen ahora a Gualtieri podrían atribuirse a una irregularidad impositiva. Once mil pesos por tributos con el fisco no representaban un riesgo para su patrimonio, sin embargo la maniobra habría existido. La medida incluye, además, al vicepresidente y dos directores titulares de la firma constructora Guatieri Sociedad Anónima. El dictamen corresponde a los fiscales Carlos Arguero y Esteban Lombardo, a cargo de Delitos Complejos, después de la indagatoria a Gualtieri, sus hermanos Salvador y Saverio, y Hugo Barreña, también familiar. La causa se inició a partir de una denuncia del Subsecretario de Ingresos Públicos provincial, Santiago Montoya.
Del expediente surgiría que entre diciembre de 2000 y febrero de 2001 “el presidente, el vice y los dos directores de la empresa Gualtieri SA, ubicada en la Ruta 2 kilómetro 197 de Dolores, retuvieron indebidamente diferentes sumas de dinero” en carácter de impuestos a los Ingresos Brutos. De acuerdo con el dictamen, las apropiación fue cometida “en su calidad de agente de retención” de impuestos y por ello, encargados de su administración y custodia. La maniobra habría sido a través de “operaciones de cosas muebles y pagos de prestación de servicios realizados a contribuyentes del impuesto a los Ingresos Brutos”.
Los fiscales determinaron que “las sumas fueron retenidas y no depositadas a su debido tiempo, logrando así la sustracción en beneficio propio, y ocasionando un claro perjuicio al erario provincial y a la Dirección Provincial de Rentas”.
El jueves, los cuatro procesados se negaron a declarar amparándose en un derecho constitucional. No obstante, sus abogados presentaron un escrito donde dejan constancia que no pudieron hacer frente a los pagos porque la compañía Gualtieri se encuentra en estado de quiebra desde 2001. Algunos sectores atribuyen un cambio de orientación en sus negocios: de constructor exitoso a propietario de grandes extensiones de campos.
