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La causa judicial por el intento de asesinato contra el gobernador Jorge Busti y sus acompañantes ocurrido en noviembre de 2003 prescribió este mes. Después de tres años, el expediente se convirtió en un registro muy ilustrativo del modo como la justicia entrerriana “investiga” un supuesto intento de magnicidio, y el caso sirve para observar también el incomprensible seguimiento nulo de las investigaciones, al alcance de la población. Hasta hoy, las complicidades diversas en silenciar tamaña ofensa contra el estado de derecho conspiraron contra la credibilidad de las propias víctimas, abonaron incluso la teoría del fraude, y el poder poco hizo por desvirtuarla.
Hoy, como ayer, sigue vigente una frase escrita poco después del hecho: “si fue un atentado, un potencial homicida camina por las calles sin ningún reparo. Y si fue un auto atentado, entonces cada cual calibrará la catadura moral del responsable”. Una vez más la justicia perdió la oportunidad de despejar dudas, si no las generó.
Frente al silencio oficial, frente a la ausencia de elementos clarificadores, cobró fuerza un reclamo sintetizado en una presentación periodística realizada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pocas semanas después de los hechos: “Queda a criterio del organismo que usted conduce –decía el texto dirigido al entonces fiscal Oscar Rovira-, evaluar si en algunas de las circunstancias puede advertirse, claro que después de la provisión y realización de algunas pruebas, una suerte de fraude procedimental (teoría del auto atentado). A juzgar por los actores presuntamente involucrados hasta el presente, el hecho produciría un verdadero escándalo que rebasa la esfera jurídica y trasciende al plano institucional”, expresaba la presentación.
La Fiscalía fue eliminada por el nuevo gobierno, y ni la simulación de Oficina Anticorrupción que la sucedió, ni la justicia ni el poder político hicieron esfuerzos por clarificar ante la opinión pública las circunstancias del hecho, uno de los más graves denunciados en las últimas décadas en vistas de su significación pública: intento de magnicidio, contra un senador nacional que había sido dos veces gobernador, dos veces intendente de Concordia, y se postulaba para el tercer mandato en la provincia.
En cualquier parte del mundo sería “el tema” por muchos años. Aquí se convirtió en un tabú, y las primeras actuaciones del juez de la causa, Héctor Toloy, amigo del poder (hoy jubilado ya), no hicieron sino restar seriedad.
Más dudas
La información sobre la actuación de la justicia en un asunto de tamaña significación es tan escasa que llena de interrogantes. Flaco favor le hizo el juez amigo a la víctima. ¿O quizá este tipo de investigación encierra un favor?
Cualquier intento de homicidio contra un gobernante llenaría las páginas de los diarios durante años, hasta su dilucidación, y provocaría todo tipo de manifestaciones, incluso marchas populares, en procura de su esclarecimiento. Este caso fue copado por el silencio.
Fueron los medios controlados por el poder mismo los que más llamaron a callar. El presunto ataque provocó en los operadores políticos no una necesidad de hablar y fomentar investigaciones sino una autocensura. Preguntar poco y vago, o no preguntar, fue la consigna no escrita y cumplida a rajatablas. ¿Es que desde el propio poder, en el propio entorno del gobernador Jorge Busti echó raíces la sensación del gran macanazo?
Hay que decir que el “atentado” fue puesto en dudas desde un primer momento por numerosos actores políticos y judiciales, antes que el periodismo, que se limitó en principio a divulgar esos interrogantes. Y es que a ciertas actitudes inverosímiles de las víctimas, más preocupadas por hacer que la noticia explotara en las portadas del día siguiente que por llamar a la custodia y buscar el esclarecimiento del origen del “atentado”, daba riendas a esa idea y más si se trataba de un grupo que tenía una enorme necesidad de hacerse del poder, por razones que sería largo enumerar pero que se sintetizan en la captación de todas las carpetas con denuncias e investigaciones (que ponían en serias dificultades a miembros de ese grupo de poder), consumada en los primeros 20 días de gobierno, a horas del año nuevo.
