En declaraciones a APF, la secretaria adjunta de Agmer, Marta Madóz, definió el paso dado por el Gobierno a través del dictamen de la fiscal de Estado Claudia Mizawak avalando el descuento de los días de paro como “una actitud confrontativa que no encuentra la solución para dar una respuesta” a los planteos del sector.
Tras remarcar que el acto “forma parte de la distracción del motivo del conflicto educativo”, aseveró: “Vemos la actuación de la Fiscalía de Estado en un caso donde los docentes ya lo habían probable porque esta administración provincial ya concretó la estrategia de descontar días de lucha durante el año pasado y por las mismas resoluciones que marca el presidente del Consejo”. Esto terminó en un acta acuerdo del 8 de septiembre por la cual se dio marcha atrás con lo dispuesto.
La dirigente consideró que la resolución de Mizawak ya era previsible desde el momento en que el presidente del Consejo General de Educación Jorge Kerz, solicitó el dictamen y recalcó que los docentes ya habían evaluado esta derivación “y por eso no tuvieron problemas en aprobar un plan de acción con paros rotativos y progresivos durante todo noviembre”.
Madoz consignó: “Si el Gobierno no quiere profundizar la crisis educativa, debe garantizar una nueva propuesta salarial, debe haber una mesa para dialogar sobre lo que está faltando, con una explicitación de cuánto es lo que le interesa regularizar el conflicto al Estado en los términos que hemos marcado: salario, definición de presupuesto 2007 y conocimiento de las deudas con el sector”.
En referencia al efecto que este dictamen puede tener en los docentes, aseveró que en primer término aguardarán el fallo del juez Carlos Calvo sobre la legalidad del paro del 1º de noviembre. “Hay un acto que administrativamente no está cerrado. Por otro lado, hemos enviado una carta documento por práctica desleal a la que esperamos respuesta”, dijo. Además informó que el área legal del gremio buscará el dictamen para dar a la Comisión Directiva un asesoramiento sobre los pasos a seguir.
Con respecto a la utilización del estatuto del docente con fines disciplinarios sobre las huelgas, marcó que el Gobierno “no lo usa para los propios vocales del Consejo (por Silvia Kupervaser y el ex – vocal Victor Fassi), que han usado y abusado de la ética utilizando más de ocho días de inasistencia, sino un poco más, cuando han sido ‘docentes autoconvocados’ y hoy están premiados con un cargo en el CGE”.
