El contrato fue rubricado por el entonces Secretario General de la Gobernación, Gabriel Ferro, y el titular de la firma, representada en la ocasión por su presidente, Enrique Zadoff. Según consta en el expediente, la agencia Kroll “se comprometió a efectuar un trabajo técnico de seguridad; un relevamiento y un diagnóstico; un curso de capacitación en investigaciones sobre hechos que podrían constituir delitos criminales en perjuicio de la provincia, como así también investigaciones confidenciales de patrimonios de ciertos sujetos cuya identidad oportunamente fuere señalada”. A cambio de los servicios descriptos, Kroll recibiría una serie de honorarios que el propio contrato detallaba.
Oportunamente se informó que la agencia de inteligencia debía confeccionar un informe final luego de que concluyera “cada investigación o tarea”. Ese informe final debía contener un “análisis pormenorizado” de los elementos encontrados y de sus conclusiones. La persona dentro del gobierno a la que debían mantener permanentemente informada sobre la marcha de las diligencias era, precisamente, Gabriel Ferro, por entonces secretario General de la Gobernación. Y quien debía estar a cargo de la “supervisación” era Sergio Avero, por entonces Fiscal de Estado.
El contrato que se objeta fue aprobado por decreto número 2.970 del 5 de julio de 2000 y fue refrendado por el entonces gobernador Sergio Montiel disponiendo que “previo a acordar intervención a la Contaduría General e imputar con destino al contrato el gasto de 300.000 pesos”, se recurrió “al procedimiento de contratación directa”, dado que se trataba de “servicios a prestarse con reserva y confidencialidad”.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas elaboró un informe en el que concluyó que “la sumatoria de los pagos efectuados a la firma Kroll ascendió a 208.626,76 pesos”. Pero, al “no poder demostrarse que la contraprestación” existió (es decir el trabajo encomendado), el organismo de contralor constitucional dictaminó que se trata de un “perjuicio fiscal la suma total abonada a Kroll.
