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Funcionaria municipal de Paraná confirmó que la amenazaron desde una oficina del Ministerio de Gobierno de la provincia

Al respecto, el abogado particular de la funcionaria y fiscal de Estado de la comuna, Martín Uranga, detalló que es “un área restringida, custodiada por personal de cada una de las fuerzas de seguridad del Estado provincial y que está ubicada físicamente en el primer piso de Casa de Gobierno”.
Visiblemente acongojada y vestida con sus clásicos equipos de joggins la funcionaria, que también está encargada del programa de prevención de la obesidad que se desarrolla en las escuelas de toda la ciudad para incorporar en los niños el hábito de comer frutas, brindó esta mañana una conferencia de prensa, en la que agradeció el acompañamiento de la prensa “en este momento personal de mucha tristeza”, y aseguró que prefiere “caminar y correr en el parque que tener que hablar de estas cosas desagradables”. Destacó su labor de “casi 20 años” en la ciudad en los que mantuvo “el mismo objetivo que es trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente de Paraná” y recordó también que “hace casi 20 años” que fundó la primera escuela integral de aerobismo de Argentina

El teléfono

Respecto a la amenaza, contó que a las 00.15 del lunes 10 de julio mientras se encontraba trabajando en la cocina de su casa recibió una llamada anónima en la que una voz masculina le preguntó si trabajaba con (el intendente de Paraná) Julio Solanas y le pidió que escuchara con atención ya que “era la primer parte y después venía lo mejor”. Luego, le hizo escuchar una grabación en la que se podía oír una mujer a la que estaban torturando y el llanto de varios niños, a lo que asoció con su hija y sus nietos, con quienes se comunicó de inmediato “para comprobar que estuvieran bien”.
A primera hora del lunes se constituyó como querellante particular y realizó la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción a cargo de Ricardo González, con la intención de obtener un informe de llamadas de Telecom porque “lo único que me interesaba en la vida era saber quién fue el delincuente que me llamó”, aseveró Frasconá. “Me hicieron escuchar algo que me destrozó la vida porque tocaron a mis hijos”, agregó muy preocupada y se preguntó porqué a ella. “No entiendo porqué me llamaron a mí si no participo en política y no soy candidata a nada”, señaló.
Admitió que tuvo “mucho miedo” ya que sintió que “no era una joda”, y le solicitó al gobernador de la provincia, Jorge Busti, “que estas cosas no pasen más”. De todas formas, comentó que el primer mandatario provincial la recibió en su despacho unos días después del hecho y reconoció que se trataba de “algo muy grave” y destacó la labor del jefe de la Policía provincial, Héctor Massuh, quien “puso todo a disposición de la investigación”,

Llamada confirmada

Por su parte, Uranga, confirmó que “hace aproximadamente tres semanas” el magistrado recibió el informe de llamadas de la empresa de telefonía por el cual se detectó que dicha llamada “se efectuó desde un teléfono interno ubicado en la oficina N° 39 de la Sala de Situación del Ministerio de Gobierno del gobierno provincial”. Detalló que es “un área restringida, custodiada por personal de cada una de las fuerzas de seguridad del Estado provincial y que está ubicada físicamente en el primer piso de Casa de Gobierno”.
Agregó que “con este informe y con el libro de guardias de la oficina, se pudo determinar la persona que estuvo de guardia esa noche que es personal de Prefectura”, aunque aclaró que “no está comprobado que fuera quien realizó el llamado telefónico ya que no tiene llaves de esa oficina”. También comentó que “en el libro de guardias no consta el ingreso de otras personas”, que el efectivo “se retiró a las 6 de la mañana del lunes” y que en el informe de Telecom “aparecen llamadas realizadas antes y después de ese horario a los mismos números, como una comunicación con un celular de Trenque Lauquen de una hora de duración”.
Por último, consultado sobre los pasos a seguir en la investigación, Uranga afirmó que el juez citó al efectivo implicado a prestar declaración indagatoria en la causa caratulada como “amenazas calificada” y comentó que el mismo fue reemplazado de la custodia del lugar.

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