A fin de mes el presidente Tabaré Vázquez recién cumplirá el primer tercio de su mandato y las relaciones entre el gobierno y la oposición han alcanzado en estas últimas semanas el máximo nivel de tensión desde que asumió el cargo.
Es posible que eso se deba a la voluntad política de una u otra parte, o incluso de ambas. También hay una incidencia, en todos los partidos, de sus respectivas internas. Pero el factor de mayor peso parece ser que la gestión de gobierno, más allá de sus idas y vueltas, ha enfrentado los dos modelos de país.
Durante el primer año de gobierno de Tabaré Vázquez, la oposición pareció desconcertada. Según se señala en el Informe de Coyuntura del Instituto de Ciencia Política, su mayor dificultad era encontrar la forma de “oponerse a un gobierno cuya política económica, al menos en términos generales, comparte”. Los autores de la investigación sostienen que si bien se trataba de un dilema nuevo en Uruguay, no lo era en otros países, y que la derecha chilena o los conservadores británicos lo tienen planteado desde hace años y no han logrado resolverlo.
En el mismo trabajo se señala que en ese período la oposición caracterizaba al gobierno en algunas ocasiones como neoliberal y en otras como socialista. Se insistía también en marcar la contradicción entre el discurso histórico de la izquierda, antimperialista y estatista, y sus orientaciones en algunas áreas, como la refinanciación de la deuda externa y el apoyo a la Operación Unitas. Y se recordaba que ya a fines de marzo de 2005 Luis Alberto Lacalle “anunció una oposición dura para ‘defender la libertad’”; que “en abril (Julio María) Sanguinetti denunció que el gobierno viola la Constitución en cuatro o cinco asuntos: referéndum sobre el agua, voto consular, traslado de la estatua del papa, cargos de confianza en cancillería”; que “en agosto el Foro Batllista, en Correo de los Viernes, anunció que el país va hacia un ‘populismo autoritario’”; y que “en junio Carlos Ramela acusó al gobierno de decretar la muerte del Estado de derecho”. Es notorio, entonces, que por lo menos el Partido Colorado y el Herrerismo han mostrado una continuidad en sus reproches al gobierno en materia de apartamientos del Estado de derecho, a los cuales ha adherido el sábado 7 el Partido Nacional (PN) en bloque, al aprobar su Convención, por unanimidad, el llamado “Informe García Costa”.
El impulso y sus aceleradores
La actitud de la oposición puede apreciarse desde varias perspectivas. Una es la oposición sistemática a todas las iniciativas del gobierno, al extremo que los dirigentes colorados y blancos suelen tener dificultades para recordar los apoyos otorgados en el Parlamento y mencionan siempre que votaron la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Los rechazos se plantean, por supuesto, en las discusiones parlamentarias, pero los mayores esfuerzos de la oposición se vuelcan, sobre todo en los últimos meses, en los medios de comunicación, algunos de los cuales -en especial el semanario Búsqueda- otorgan mucho mayor espacio y destaque a los planteos opositores en el actual período de gobierno que en los anteriores.
También el número de interpelaciones y convocatorias de ministros a las comisiones ha aumentado en forma impresionante, según dijeron a BRECHA fuentes oficialistas. En medios opositores, en cambio, se sostiene que los llamados al Parlamento han sido más o menos los mismos que hacía el FA cuando era oposición y que, en todo caso, si hubo un incremento, puede deberse a que el actual gobierno es el primero desde 1985 que cuenta con mayoría parlamentaria propia, de modo que la única posibilidad de la oposición para hacer valer sus puntos de vista es a través de estos procedimientos. Este último razonamiento es relativizado desde el oficialismo, que sostiene que si bien es cierto que ni los colorados ni los blancos tuvieron mayorías propias cuando fueron gobierno a partir de 1985, el funcionamiento de coaliciones integradas por ambos les permitió contar con los votos necesarios para aprobar las leyes que quisieron.
Un tercer aspecto del comportamiento de la oposición es su resistencia a contribuir a formar las mayorías especiales que la Constitución requiere en determinados casos. Más allá de su derecho a tener su propia opinión con respecto a cualquier proyecto de ley, la actitud que blancos y colorados han observado en materia de designación de autoridades es claramente diferente a la del FA cuando estaba en la oposición. La no renovación de los miembros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, que siguen con la misma integración que se acordó de acuerdo con los resultados electorales de 1994, y la no provisión de la vacante en la Fiscalía de Corte son ejemplos claros a ese respecto. En el primer caso, los partidos tradicionales siguen manejándose, en la oposición, igual que lo hicieron durante el gobierno de Jorge Batlle, cuando tampoco aceptaron votar una integración de los organismos de contralor proporcional al resultado electoral, como lo dispone la Constitución. En el caso de la Fiscalía de Corte no sólo no han expuesto sus razones para no acompañar la propuesta del gobierno de desginar a Mirtha Guianze, sino que tampoco han presentado formalmente ninguna otra candidatura.
Ayer, jueves, al cierre de esta edición, mediante un decreto el Ejecutivo encargó provisoriamente a Guianze las funciones de fiscal de Corte y procurador general de la nación “hasta el llenado de la vacante en forma definitiva”. La bancada de senadores del PN sostuvo que “el gobierno ignora a la oposición y viola la Constitución” y anunció que interpelará al ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto. El procedimiento de encargar provisoriamente funciones es habitual en toda la administración pública y ya fue usado para designar en el mismo cargo a la doctora Elida Fajardo, quien cesó el 30 de setiembre último, sin que nadie formulara objeción alguna.
Además de estos episodios, el recalentamiento de la confrontación entre la oposición y el gobierno es claramente perceptible por el tono de la discusión pública, por el calibre de las acusaciones y por el pedido de renuncia de ministros y otras autoridades de gobierno (últimamente le llegó el turno al presidente del inau, Víctor Giorgi, a quien se reprocha su participación en el debate educativo y la supuesta persecución política contra el jefe de redacción de Búsqueda, a raíz de la investigación de una denuncia recibida por la institución a su cargo).
El incremento de la confrontación también se aprecia en algunas posiciones del gobierno que la oposición hasta hace un tiempo respaldaba -muy pocas- y ahora rechaza. Un botón de muestra: la política de derechos humanos, que fue duramente cuestionada por Jorge Larrañaga el sábado 7, por promover la confrontación entre los uruguayos y generar un clima de violencia al “fomentar el revisionismo”. Hay asimismo algunos cuestionamientos personales al presidente Vázquez, que fueron el caballito de batalla casi exclusivamente del diputado Jorge Gandini y que el Partido Nacional acaba de colectivizar en la reunión de su Convención del sábado 7: el trabajo remunerado que, en su condición de médico, conserva el mandatario en la Asociación Española y en el casmu, lo cual configura, en opinión de la colectividad blanca, una violación de la Constitución.
¿Cuáles son las causas del fenómeno? Hay unas cuantas posibles, pero sin duda varias de ellas inciden realmente. Algunos hechos preocupan especialmente a la oposición. Entre otros, la persistencia del respaldo de la opinión pública al presidente Vázquez, más allá de los cuestionamientos a distintas decisiones de su gobierno. Por otro lado, es comprensible que algunas señales recientes -la decisión del gobierno con respecto al tlc, el resultado de las elecciones del mpp, el procesamiento de militares y policías, así como el inminente de algunos jerarcas de la dictadura, la próxima aprobación de la reforma tributaria, por ejemplo- hayan inquietado a la oposición en el sentido de que podría haber en el gobierno un giro hacia las posiciones más tradicionales de la izquierda que parecían haberse dejado un tanto de lado. En esta línea de pensamiento Jorge Batlle sostuvo, el jueves 5, que Vázquez “perdió en su intento de incorporar a su gobierno al socialismo moderno” -que para Batlle consiste en “acordar con el FMI y recibir con los brazos abiertos la inversión extranjera, regulándola y vigilándola”- y dejó al gobierno “en manos de la izquierda totalitaria”. (Búsqueda, jueves 12).
Seguramente afectan también a la oposición algunos hechos que dejan en evidencia conductas cuestionables de cuando estaba en el gobierno. Por ejemplo, la revelación pública -aunque hasta ahora manejada con cuentagotas- de varios casos de corrupción, así como la demostración de que algunas acciones que se decía eran imposibles de llevar adelante eran perfectamente viables. En un terreno similar el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, se refirió el lunes 9 a varios reclamos que la oposición hace al actual gobierno pero que no contempló cuando estaba en condiciones de hacerlo desde 1985. “Gobiernos que tenían mayoría parlamentaria para resolver una cantidad de cosas nos dicen ahora, que están en la oposición, que tenemos que reglamentar la huelga que no reglamentaron cuando eran mayoría; que tenemos que prohibir las ocupaciones que no prohibieron cuando eran mayoría; y que tenemos que hacer un tlc con Estados Unidos que no hicieron cuando eran mayoría”, sostuvo Bonomi.
Otro factor que precipita el afán opositor de los partidos tradicionales es la falta de candidatos netos, que cuenten a la vez con consenso interno y respaldo de la ciudadanía para enfrentar a la izquierda en 2009. Es posible que quien lidere la oposición al gobierno se convierta, si tiene éxito en esa tarea, en el candidato de su partido.
La lacallización del partido nacional
Pesan, por otro lado, las internas de las distintas colectividades y los aprontes de los posibles candidatos presidenciales para 2009. Entre los colorados, Sanguinetti, en nombre del Foro Batllista, ya nominó a Washington Abdala, Luis Hierro y Tabaré Viera, mientras que los postulantes de la 15 se definirán seguramente entre Alejandro Atchugarry, Isaac Alfie y, si predominase en ese sector la opción por conquistar el electorado de la derecha pura y dura, pachequismo incluido, Pedro Bordaberry.
En el PN la situación es muy distinta: ha habido un notorio ascenso de Luis Alberto Lacalle, el gran derrotado de la interna de 2004, que ha adquirido un protagonismo similar al de Jorge Larrañaga, pero ha exhibido una capacidad mucho mayor de iniciativa política. Ese cambio en la relación de fuerzas ha producido un viraje de la línea política que consagró el predominio de las posiciones más conservadoras, a las cuales ha tenido que ir sumándose Larrañaga para no ceder demasiado terreno. Sin embargo, ese movimiento no debe ser demasiado ostensible y por eso, en coincidencia con su rival interno, esgrime sus propios argumentos, basados más en cuestiones tácticas que ideológicas. Sostiene, entre otras cosas, que el gobierno se caracteriza por la falta de rumbo y por sus contradicciones permanentes.
El presidente del PN, sin embargo, incurre a veces en la misma conducta que señala al gobierno. Por ejemplo, lo cuestiona por haber abandonado el camino del tlc, pero cuando parecía que se había tomado ese tren, lo criticó porque se trataba de “una voltereta fenomenal” del FA.
El promedio de las posiciones de Lacalle y Larrañaga, mucho más próximo a la tradicional del Herrerismo, sin duda más consistente, puede apreciarse en la declaración aprobada el sábado 7 por la Convención: “La falta de ejecutividad y de rumbo en la conducción del país constituyen un riesgo muy importante en el horizonte del país”. Al PN “le corresponde el derecho y el deber ineludible de seguir ejerciendo el papel legítimo de oposición”. Resulta “evidente que dicha fuerza política no estaba preparada para el gobierno, no tenía un plan orgánico y estratégico para el ejercicio del poder (…). Advertimos como inconveniente para los intereses nacionales que el Poder Ejecutivo se ha ido consolidando en una organización de tipo colegiado, donde priman los intereses sectoriales de los partidos y movimientos del FA, que son representados por la presencia de las principales figuras en el gabinete y así subordinan las decisiones del gobierno y los intereses nacionales al objetivo de mantener a toda costa la unidad de la fuerza política”. No es casual que en la misma convención se aprobara un informe elaborado por García Costa a propuesta de Lacalle, que enumera once casos de agresiones al Estado de derecho en que habría incurrido el gobierno.
La interna de la fuerza política del gobierno también incide en esta confrontación, sobre todo teniendo en cuenta que el FA celebrará dentro de un mes sus elecciones internas. En esa instancia, el primer desafío de todos sus sectores es que haya una concurrencia masiva de electores para no debilitar al gobierno. Pero a la vez cada sector disputará con los demás el peso que tendrá dentro de la coalición hasta que termine el actual gobierno. Todos están en la difícil situación de demostrar a la vez la unidad y la diferenciación. Con respecto a ese equilibrio, el diputado Enrique Pintado dijo tener “la sensación de que, para laudar una diferencia interna en un grupo, se busca un enemigo externo y creo que eso impera en el FA” (Búsqueda, jueves 12). En este caso el objetivo sería consolidar la unidad de la izquierda, y el enemigo externo sería la oposición.
Dos modelos
Hay un asunto que seguramente será clave en la discusión de los próximos años: una reforma constitucional que consagre la reelección presidencial. Algunos dirigentes del FA ya se han pronunciado a favor de la iniciativa (véase BRECHA, 14-VII-06), el presidente Vázquez no ha descartado de plano la posibilidad, y el dirigente blanco Juan Andrés Ramírez ha cuestionado por inconstitucional el procedimiento (suplemento Economía & Mercado, El País, lunes 9).
Por supuesto que el gobierno con frecuencia ha dejado flancos que son verdaderos “regalos” para cualquier opositor que no ande demasiado distraído. El propio presidente quedó absolutamente en off-side en marzo, cuando dijo en Caracas, junto a su colega Hugo Chávez, que de ninguna manera firmaría un tlc con Estados Unidos, y dos días más tarde, en Wa-shington, después de reunirse con George W Bush, aseguró que estaría dispuesto a firmar un tlc con Estados Unidos. También, para no mencionar más que un par de ejemplos, cuando dijo -y repitió- que había medios de comunicación que eran opositores pero sin reconocer la condición de tales, como si añorara la existencia de un periodismo oficialista, incondicional, complaciente, que sólo difundiera buenas noticias (al menos buenas para el gobierno).
Pero más allá de estos y otros obsequios de ministros y otros altos funcionarios del gobierno, es evidente que la luna de miel con la oposición se terminó y que, como dice el diputado socialista Roberto Conde, es previsible que hasta el fin de este período de gobierno prevalezca la confrontación entre los dos modelos de país propuestos por el FA y los partidos tradicionales. Después de todo, si no fuera así, una de las dos partes estaría incumpliendo los compromisos asumidos con sus electores.
* ¿Y ahora? El primer ciclo del gobierno de izquierda en Uruguay, Instituto de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República).
** El senador Francisco Gallinal dijo que estaba de acuerdo con la designación de Guianze y su sector cuenta con los dos votos necesarios para la mayoría exigida por la Constitución, pero afirmó que se sometería a la decisión del Directorio sobre el tema, y éste se pronunció por no respaldar ese nombramiento. Su colega Gustavo Penadés es en este rubro una excepción, porque ha fundamentado su posición contraria invocando tres argumentos: la aprobación de Guianze del comportamiento -que él califica de autoritario e ilegítimo- del ex fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, la acción -que considera corporativista- de la Asociación de Fiscales, que ella preside, y“su silencio complaciente frente al desguace del Ministerio Público que está operando el actual gobierno”.
Inventario
Una lista no exhaustiva de los temas que han generado los principales cuestionamientos de la oposición incluye los siguientes:
• Política internacional. Se ha criticado la inserción internacional del país, el manejo del conflicto con Argentina, las relaciones con Venezuela, la designación de embajadores y otros altos funcionarios de la cancillería, y el estilo personal del ministro Reinaldo Gargano.
• Seguridad pública. Los primeros cuestionamientos fueron por la ley de modernización y humanización de las cárceles, después por el incremento de la inseguridad pública (sobre todo en Montevideo y Maldonado) y finalmente por la falta de conducción que le atribuyen al titular de la cartera.
• Política económica. Se cuestiona la reforma tributaria y en especial el impuesto a la renta. Se señala que no se está aplicando la prometida política anticíclica y que se ha priorizado el gasto en la rendición de cuentas. Con relación al “país productivo”, se sostiene que ni el Ministerio de Ganadería ni el de Industria tienen políticas sectoriales adecuadas. Se objeta que se haya descartado la firma de un tlc con Estados Unidos.
• Relaciones laborales. Se afirma que el gobierno ha generado un caos absoluto, que ha violado la ley, que el decreto que habilitaba a la Policía a desalojar empresas ocupadas sin orden judicial nunca debió derogarse, que las ocupaciones han sido una herramienta para imponer una suerte de dictadura sindical, que se incumplieron fallos de la justicia, y que el Ejecutivo se entrometió en el fallo de la justicia sobre el caso Dancotex.
• Debate educativo. Lacalle escribió en Patria que el debate educativo es un engendro, que no es debate ni tiene que ver con la educación. Afirmó también que el PN debe dejar de participar, que no es necesaria una ley educativa distinta y que lo que cabe es aplicar correctamente la vigente y, en todo caso, efectuarle algunas modificaciones. Según él la iniciativa del gobierno es un operativo político destinado a llenar el ojo con eslóganes como “la educación popular la gobierna el pueblo”.
En la Convención Nacional colorada, celebrada el sábado 7, se aprobó un informe del Comité Ejecutivo Nacional, en el que se afirma que el debate educativo es “un intento de adoctrinamiento” que abarca el análisis y la difusión sobre la historia contemporánea, universal y nacional. Se expresó el rechazo por ese debate, que genera una decepción y que se inició sin concretar las metas ni las propuestas.
• Derechos humanos. Los colorados primero, y ahora también los blancos, sostienen que el gobierno ha generado en la sociedad una división, y dicen que hay que superar esa constante mirada hacia el pasado.
• Libertades públicas. Se objeta que la prohibición de fumar sea absoluta, sin prever locales para fumadores, como ocurre en otros países, y -sobre todo- que haya sido impuesta por decreto, cuando en realidad la Constitución exige que cualquier limitación a la libertad de los ciudadanos sea establecida por ley.
• El estilo presidencial. Según Larrañaga, el presidente Vázquez “es el gran campeón de una voltereta permanente en el aire”. También ha dicho que “le importa más la interna de su partido que los grandes temas del país” (El País, domingo 8).
