Dicen que la economía de un país se reactiva con Políticas de Estado que generen empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Con una planta permanente estancada durante más de diez años, el Estado Nacional es uno de los sectores que generan mayor empleo ‘en negro’. El Estado curó la falta de mano de obra estatal, producidas por las jubilaciones de su personal y por la desidia de sus funcionarios, creando la figura del ‘pasante’ y el ‘contratado’ con la firma (durante el gobierno de Carlos Menem) del decreto 340/92 que estableció el régimen de pasantías en la Administración Pública Nacional. Este es uno de los caminos por los que suelen llegar estos trabajadores. Y deben subsanar las falencias estatales con la peor de las desprotecciones, que es la laboral.
De acuerdo a la Ley 25.165 las pasantías deben representar para el estudiante universitario ‘residencias programadas u otras formas de practicas supervisadas relacionadas con su formación y especialización’. Pero lejos de adquirir experiencia, el pasante suele desarrollar una carrera administrativa que se extiende por varios años, y recibe por esa tarea una “asignación estímulo” para financiar los viáticos y los materiales de estudio. Sin embargo, esto representa el marco de una realidad ficticia ya que la asignación estímulo se convierte en sueldo, y los viáticos y materiales de estudio, en muchos casos, se destinan al pago del alquiler, impuestos, alimentos, viáticos y materiales de estudio. Generalmente ése es el orden de prioridades en que se destina la asignación.
Así el pasante ingresa a las arcas del Estado, de este Estado que promueve el trabajo ‘en blanco’ y que realiza audiencias públicas para desarrollar el tema de la violencia laboral. Y las hace públicas, abiertas y gratuitas para que todos los habitantes podamos ir y saber qué es violencia y qué no. Ese Estado, es el argentino.
En una de esas audiencias sobre violencia laboral se dijo, entre otras cosas, que estar desarrollando las mismas tareas que el personal de planta permanente o estable, en desigual condición de contratación, es un hecho de violencia. El Ministerio de Economía, el de Trabajo, la Presidencia de la Nación, la Administradora de Finanzas e Ingresos Públicos (AFIP), la Administración de Parques Nacionales, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), son algunas de las instituciones estatales que tienen más de un centenar de trabajadores ‘en negro’, bajo la forma de pasante o contratado.
En general, el pasante no recibe aumentos, tiene una asignación estímulo que se fijó y nunca se modificó en el la década del noventa, no tiene cobertura médica, no tiene seguro laboral (o ART), no tiene vacaciones pagas, no tiene antigüedad (hay pasantes con más de tres años en esa condición), no tiene recibo de sueldo, no realiza tareas relacionadas con su formación, y no recibe respaldo sindical. Entonces, ¿quién se hace cargo de esta masa de trabajadores explotados por el Estado que deambulan en busca de alguna solución?
Hoy el gobierno planea modificar el Convenio de Pasantías, estableciendo que las mismas no superen los seis meses. Desde la Casa de Gobierno se denunció las irregularidades que conllevan estos acuerdos. El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, considera que el tema merece una rápida solución. Su Ministerio se jacta de haber triplicado, desde el inicio de su gestión, el número de inspectores para que controlen los abusos sobre los trabajadores.
Si suponemos que el Estado es una empresa, cuyas dependencias (por mas autónomas que sean) dependen de su presupuesto para operar, sería difícil (pero no imposible) que un inspector que depende de esta ‘empresa’ denuncie a su misma dependencia. Paradójicamente, el propio Ministerio de Trabajo tiene pasantes y contratados. Este mismo Ministerio tuvo que afrontar el juicio de un trabajador contratado por más de siete años.
Las pasantías sistematizan una práctica de trabajo ‘en negro’ que seguramente el Estado tendrá que responder cuando, llegado el momento, los aportes jubilatorios de estos trabajadores no existan. Sí, seguramente será paliada con alguna ficticia, pero muy necesaria, jubilación mínima a descontar por haberes. Y reformar un convenio que lleva el estigma de la oscuridad resulta incoherente en un Gobierno que promociona y alienta a: ‘Luchar por el trabajo digno’ porque ‘Argentina es un país en serio’.
Hecha la ley, hecha la trampa
Si hay algo en lo que se destacó el Gobierno de Carlos Menem fue en firmar decretos que favorecieran a las grandes corporaciones y en esas líneas tan delgadas que siempre dejan las leyes aparecieron las trampas que, en la década del 90, favorecieron a empresas multinacionales como Telecom y Telefónica y al Estado Nacional, por supuesto. Y a las empresas privadas les sirvió para no pagar ni un centavo por cada trabajador. Muchos retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que ofrecieron al personal de planta permanente que venían trabajando en la vieja ENTEL (la telefónica estatal) fueron suplantados por los pasantes y contratados. Un negocio redondo.
Desde la década pasada esas compañías completaron su staff, para el Servicio de Información del 110 y el Servicio de Reclamos del 112, con estudiantes universitarios. Sus directivos han llegado a decir que el pasante está aceptando serlo desde el momento que firma el convenio. Eso es lo mismo que decir que el trabajador que se encuentra en una situación irregular acepta estar ‘en negro’. Algunos patrones han sugerido que sus empleados aceptaron las condiciones de contratación que ellos ofrecían. Argumento que se escurre como agua ante cualquier juicio laboral, pero que tiene buen efecto cuando el empleado carece de conocimientos legales y el empleador se esconde en esa mentira cuando lo quiere despedir o apaciguar. Pero es claro que, cuando el trabajador acepta no tener obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas, seguridad laboral, aguinaldo, etc., no lo hace porque está convencido, sino porque no le queda otra. Y eso es radicalmente distinto.
Y dentro de todo este panorama no queda afuera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que completa la mayoría de los nuevos programas sociales con contratados y pasantes. La regularización de estos trabajadores no está en la agenda de este Gobierno. El proyecto de presupuesto que está próximo a presentar contempla un endeudamiento de 661 millones de pesos para afrontar sus gastos. Y este se debe a que pretenden continuar ampliando la red de subterráneos y realizar obras públicas contra las inundaciones. Inversiones en educación y salud cierran ‘el presupuesto audaz’ que declaró el Jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman. Audaz e interesado. Es un combo que tiene un efecto importante en una población porteña que se queja de viajar mal e inundarse hasta el cuello. Pero muy interesado porque es de cara a las elecciones del próximo año y en éstas, el ‘afrancesado’, se juega todas las cartas para ganar por propio mérito la Jefatura de Gobierno.
El Gobierno Nacional tampoco tiene en su agenda la regularización de sus propios trabajadores, porque hablan, como ya dijimos, de modificar la Ley de Pasantías, acortando el periodo a un máximo de seis meses, pero no se discute de lo que harán con los que ya están trabajando desde hace más de seis meses en esa condición. ¿Cómo se desvincularán, llegado el caso, de todos esos pasantes que superan el periodo indicado?
El Presidente, sus voceros, los ministros, los secretarios hablan. Hablan y hablan. Y eso es lo que todo argentino se precia de tener: buena “labia”. Y la “labia” es “chamuyo”. Y el “chamuyo”, mentira.
