Cabe recordar que en su momento la doctora Lidia Taleb no hizo requerimiento fiscal, entendiendo que la presentación efectuada por la FIA era “solo un buen relato de hechos” pero que “no encuadraba en figura penal alguna”, esto motivó que Rizzo a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 se disconformara por el planteo, elevándose entonces a decisión del fiscal de Cámara quien ratificó los argumentos de la agente fiscal.
A partir de un expediente girado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia al organismo de contralor en el que se detallan especialmente las auditorias efectuada a la Caja de Conversión durante los meses de mayo y junio del año 2002, surgen elementos de prueba que confían pueden permitir la reapertura de la causa.
Según la noticia divulgada por el programa televisivo Cuestiones Pendientes y ampliada por el sitio digital Cuestiones Online, entre las irregularidad que contiene el informe del Tribunal y que fueron establecidas en aquella oportunidad, aparecen la apropiación de los Bonos Federales depositados por los comerciantes para el canje (legalizado mediante Decreto): presuntamente los hacían circular nuevamente para atender erogaciones ordinarias del gobierno, pago de salarios, tarjeta Sidecreer, entre otros, con lo que violaban el tope de emisión de las letras autorizadas por la legislatura hecho que permitía la desvalorización el valor del bono federal que llegó a caer hasta un 45 por ciento de su valor nominal.
Otro de los puntos que pone al descubierto la auditoria es la discriminación con que se manejó el organismo, que mientras algunos comerciantes esperaban infinitamente el canje, otros satisfacían rápidamente sus peticiones, incluso el auditor detectó que por ejemplo una comercio de vaquería de plaza no solo le era satisfecho rápidamente el canje sino que las cifras equivalían a montos muy por encima del giro normal para un comercio de esa naturaleza.
Con el informe detallado del Tribunal de Cuentas la Oficina Anticorrupción y Ética Pública espera lograr el desarchivo de la causa si es que la justicia encuentra en él elementos que puedan significar pruebas o indicios de que se realizaron maniobras delictivas o defraudatorias.
