Desde el organismo provincial se destaca que CAFESG y la Policía de Entre Ríos ofrecen estas I Jornadas con el objetivo de fortalecer la seguridad local y regional. “La intención es involucrar a todos los sectores de la sociedad en los problemas que atañen a la seguridad y que estas Jornadas sean la base para conformar juntas barriales de seguridad, en el marco de un plan integral a corto y mediano plazo”, señaló el comisario inspector Mario Córdoba, Jefe de Operaciones de la Departamental Concordia de Policía
Ejes de las disertaciones de Rosuá
Según anticiparon los organizadores, los temas que abordará el Dr. Fernando Rosuá, en las conferencias que brindará hoy, son los siguientes:
-Inseguridad, violencia y temor social.
-Dimensión del problema y sectores que más afecta.
-Incidencias del discurso neoliberal (individualismo).
-Su implicancia a nivel personal e institucional.
-Las juntas barriales de seguridad como espacio de compromiso.
-Algunos lineamientos sobre política de inclusión en la conformación de las mismas.
-Presentación de experiencias sobre el particular en otras provincias argentinas.
Sozzo: “La seguridad se ve como un valor disociado”
Como parte del tercer encuentro de estas I Jornadas de “Seguridad Ciudadana, Participación Comunitaria y Compromiso Social”, disertó ayer en CAFESG el Dr. Máximo Sozzo, abogado, sociólogo y especialista en criminología.
Sozzo manifestó que “en el marco del Estado de Derecho, el principal objetivo de las instituciones y políticas de seguridad pública es la defensa y protección de los derechos humanos y los principios democráticos. Sin embargo, después de varios años de democracia en Argentina, la seguridad se ve como un valor disociado y en conflicto con el cumplimiento de la ley, e inclusive en una posición encontrada con el respeto por los derechos humanos. En este contexto, el control civil sobre las instituciones estatales es considerado impertinente, o aún, es percibido como un obstáculo para la reducción de los niveles de delito”, enfatizó.
En ese sentido, Sozzo indicó que “uno de los más serios problemas para alcanzar políticas de seguridad eficientes es que el cumplimiento de la ley, la transparencia en la información y la rendición de cuentas son considerados obstáculos para el desarrollo de esas políticas, generando un círculo vicioso de creciente violencia social. A lo largo de los últimos años han aumentado las voces que alientan la aplicación de ‘mano dura’ en las prácticas de control del crimen, dejando de lado los problemas que tienen esas agencias para cumplir la ley”, afirmó.
En función de ello, el reconocido especialista resaltó que “teniendo en cuenta la historia de las instituciones de seguridad en el país, existe la necesidad de fortalecer el control civil sobre las agencias públicas por medio de un incremento en la capacidad de monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, facilitar el acceso público a la información e incrementar la capacidad de monitoreo y análisis, son acciones clave para posibilitar canales de control y la puesta en marcha de iniciativas de cambio de las políticas públicas en la materia”, consideró.
“Abrir las instituciones de seguridad pública al control civil debería ser una de las principales acciones en relación a la construcción de una confianza legítima en el marco del Estado de Derecho. El control y el monitoreo de las operaciones institucionales por parte de la sociedad civil sólo serán posibles si se garantiza el acceso público a la información. Por otra parte, es necesario recordar que es una obligación de las propias instituciones de seguridad auto-controlar el uso de sus facultades y generar mecanismos de observación interna y externa de su desempeño”, indicó por último Sozzo.
