Argentina rechaza la acusación uruguaya de haber omitido las medidas necesarias para mantener libres los puentes internacionales, eje de la demanda uruguaya. Y sostiene que apeló por diversos medios a disuadir a los manifestantes que se oponían a la construcción de las fábricas de celulosa en Fray Bentos.
La presentación de hoy puede resumirse en tres puntos principales:
· Del presidente Néstor Kirchner hacia abajo, todos los funcionarios nacionales intentaron convencer a los ambientalistas entrerrianos para que liberaran las rutas. Aunque en los hechos, esto se logró sólo con el anuncio de que se reclamaría la suspensión de la construcción de las plantas en la Corte de La Haya, lo que resultó un completo fracaso.
· Ante los cortes ya consumados, tanto la Aduana como las autoridades de Transporte previeron alternativas para que la situación no fuera tan gravosa.
· El comercio y el turismo no decrecieron con esto, sino que mantuvieron sus índices habituales o incluso aumentaron, como mostrarían las estadísticas que los testigos argentinos llevaron la semana pasada a la audiencias del viejo Hotel Parque.
Uruguay presentará también hoy su alegato; ni uno ni otro se apartarán de lo que ya expresaron por escrito, hace un mes, ni el jueves último.
El proceso no tiene por objeto el pago de ningún resarcimiento por los posibles daños: se limitará a la responsabilidad —o no— de la Argentina. Como fuera, el laudo puede ser apelado ante el Tribunal Permanente del Mercosur, que tiene sede en Paraguay. Los árbitros —en cambio— se reunirían antes de fallar en Montevideo, capital administrativa del bloque regional.
Los árbitros —el argentino Carlos Barreira, el uruguayo José María Gamio, más el español Luis Martí Mingarro— quedarán así en condiciones de establecer si la Argentina incurrió o no en responsabilidad internacional por las interrupciones, entre diciembre y abril, de los cruces desde Gualeguaychú y Colón al otro lado del río.
