Dentro de una semana, en Montevideo, ambas partes volverán a encontrarse y los escritos presentados se ampliarán cuando declaren técnicos, funcionarios e, incluso, vecinos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Uruguay cuestiona al Estado argentino por no haber actuado para impedir los cortes de ruta que afectaron principalmente la circulación por el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
Sobre el presunto perjuicio económico hacia el vecino país, Argentina apuntará a demostrar con estadísticas que no sólo no hubo perjuicio, sino que el comercio y el turismo se incrementaron respecto de las cifras de la misma época del año anterior.
Los datos que desplegará la Argentina indican que el país tomó los recaudos suficientes para garantizar el libre comercio y el libre tránsito y que éstos fueron «eficaces y eficientes» para conseguir ese fin. Se dice, por ejemplo, que el comercio bilateral para el período medido creció el 39 por ciento.
En cuanto a la primacía del derecho a la libre expresión por sobre el de la libre circulación, Argentina insistirá en que la libre circulación de personas y el tráfico de mercaderías «siempre estuvieron asegurados». Se citará como ejemplo la decisión de la Aduana, Gendarmería y Migraciones de reforzar con personal los dos pasos terrestres alternativos.
La Cancillería difundió la semana pasada extractos del escrito con el que respondió a Uruguay. Algunos medios, políticos de la oposición y juristas interpretaron que se justificaban los cortes de ruta, pero fuentes oficiales insistieron en que el apoyo fue al reclamo de los vecinos que se oponen a las papeleras y no a la metodología.
En su presentación, Uruguay pide que, en caso de futuras situaciones similares, el tribunal del Mercosur ordene que el gobierno argentino impida en el futuro manifestaciones similares. «El Gobierno no puede ser obligado a reprimir a personas que ejercen, de modo pacífico, un derecho humano fundamental. Decidiremos en cada caso, con plena y absoluta libertad, o podemos ser condicionados por la decisión de un tribunal del Mercosur o internacional», explicó uno de los funcionarios encargados de delinear la estrategia oficial.
La mención uruguaya al hipotético daño comercial generó especulaciones en Buenos Aires consistentes en que, si el tribunal convalida esos argumentos, la administración Vázquez iniciará una nueva demanda, esta vez por el resarcimiento económico.
La delegación oficial rubrica los últimos ajustes con optimismo. «Uruguay no probó los daños, sólo los menciona tangencialmente. Nosotros tenemos números objetivos que prueban que no hubo daño alguno al comercio ni al turismo», opinó un funcionario local.
El escrito que la Argentina presentó por la controversia en el Mercosur fue coordinado por el diplomático Juan Vicente Sola, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. El equipo se completa con otra diplomática, Nora Capello, y funcionarios de la Asesoría Legal de la Cancillería y el aporte de dos reconocidas juristas: Mónica Pinto, titular de Derecho Internacional y Derechos Humanos y Garantías de la UBA, y Frida Armas, titular de Derecho Internacional de la Universidad Austral.
Desde este lado del Uruguay, se insiste en que el Mercosur no es el ámbito propicio para dirimir un reclamo de esta índole. «El Tratado de Asunción es bien claro: dice que se viola el principio de libre circulación cuando una medida gubernamental afecta la circulación de bienes y servicios. No es éste el caso», dijeron.
