En relación a la historia de Catena, Iparraguirre recordó algo de su pasado, dijo que “fue denunciado en Bajada Grande por apremios ilegales, por golpeador y torturador y por ello fue trasladado de la comisaría de allí. Catena tiene el aval del gobierno de Entre Ríos”, acotó.
“Estamos frente a una persona que cuenta con antecedentes conocidos y a pesar de esto está a cargo de una división importante de la policía”, indicó luego y recordó el ataque que sufrió Adrián Meynier, un no docente de Paraná, quien en los incidentes del 20 de diciembre de 2001 recibió 39 balazos de goma y que reconoció que entre los agresores estaba el mencionado Catena, según dijo al programa A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná). En la misma zona de Bajada Grande, donde fue baleado Meynier, fue asesinada la niña Romina Iturain, a manos de personal policial.
Iparraguirre mencionó también que en su momento “le solicité al fiscal (federal Mario) Silva la separación de Catena en la causa por el secuestro de Fernanda Aguirre, porque es evidente la desviación de la investigación”, y manifestó que “me sorprende que un hombre que ayer defendía los derechos humanos (en referencia al secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, José Carlos Halle) hoy salga a respaldar a la policía golpeadora en vez de bregar por una fuerza democrática”, para agregar que “me da tristeza que defienda a sectores de la policía vinculados a hechos delictivos en aras de avalar al gobierno de Busti”. Y acotó: “Antes, cuando Halle era juez Correccional de Paraná me invitaba a tomar mate a su despacho y a hablar de los problemas de derechos humanos que había en la provincia, pero ahora está visto que se olvidó”.
Además, agregó que “las declaraciones del jefe de Policía (Héctor Massuh) me parecieron más atinentes, y eso es lo que hubiera correspondido de una persona que está a cargo de los derechos humanos, pero no me sorprende porque es la visión de los derechos humanos que tiene el bustismo. Esto es lamentable por parte de Halle”, añadió.
POLICÍA
En relación a la fuerza policial Iparraguirre formuló una descripción de la forma en que funcionanan.
“Hay una familia que está siendo sometida a presiones por parte de la Policía desde hace casi dos años, a la que le balearon la casa salvajemente y eso llevó a un derrumbe familiar. Esa es la táctica de algunos sectores de la policía; estos son los escuadrones de la muerte”, manifestó y agregó que “lo grave es que esta normalidad es aceptada por sectores políticos y por la sociedad”. En ese marco, volvió a criticar “el concepto de los derechos humanos del gobierno porque es absolutamente limitado a lo que pasó en la dictadura militar”, y dijo que “aunque queremos el juicio y castigo, la visión es limitada porque hay apoyo del gobierno a estas irregularidades”.
“Queremos que se pongan a disposición de la sociedad los archivos policiales”, manifestó el letrado, que enseguida agregó que “a mí me sorprende que a alguien le sorprenda que yo hable de escuadrones de la muerte. ¿Qué fue lo de diciembre de 2001 entonces?”, se preguntó, para acotar que “los mismos funcionarios policiales que hicieron desaparecer a Martín Basualdo, Héctor Totín Pérez, Elías Gorosito y otros están dentro de la fuerza policial hoy, ya que nunca resultaron desplazados”, añadió.
También, llamó a analizar “cualquiera de los hechos delictivos más graves del país y veremos que hay implicados funcionarios policiales”, dijo, al tiempo que añadió que “hay que plantearse por qué tenemos una policía con tal nivel de corrupción”.
“No hay depuración de las fuerzas policiales en las medidas que se necesita”, manifestó el letrado para insistir en que “cuando vos tenés encargado de la División de Investigaciones a una persona con tales antecedentes como Catena, es terrible”, dejando sentado, además, que “el hecho de que un abogado (como Marcos Rodríguez Allende, defensor de Catena) que forma parte del EPRE (Ente Provincial Regulador de Energía) termine siendo abogado de estos tipos, me sorprende”, inquirió, para dejar entrever que “en cualquier momento (Raúl) Monzón puede tener el mismo destino que Lencina”.
Tampoco tardó en señalar que “acá hay una cuestión de clases porque los sectores de pobreza están excluidos de su condición de ciudadanos y no tienen garantías”, y agregó que “hacia los sectores populares el tema de la represión es absolutamente normal”.
