En los considerandos de la Resolución se sostiene que los agentes han incurrido en incumplimiento de las normas vigentes de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata de los agentes: Emma Noemí Bohl de Aguet, Daniel Edgardo Hanri, Alicia Raquel Aldana y Rubén Darío Sánchez. Se les imputa “brindar alimentación no adecuada a las actividades realizadas y a la edad”, se les atribuye la violación del derecho de los jóvenes de vivir con su familia de origen y no disponer la realización de actividades que desarrollen el derecho a la recreación.
Con relación al aspecto institucional se denuncia desarticulación entre personal directivo, el equipo técnico y celadores, “ausencia de lineamientos claros desde la Dirección, desconocimiento de las normas vigentes en la materia, lo que delata la falta de coordinación con el Organismo Central”.
En la Resolución cita se denuncia la “falta de compromiso, omisiones y abusos por parte del Equipo Directivo y de la Operadora Social” y la “administración irregular de fondos” que deben percibir dos jóvenes beneficiarios de pensiones nacionales por parte de la Operadora Social Alicia Raquel Aldana y la Directora Emma Bohl de Aguet.
Más adelante y en referencia al aspecto administrativo-contable se denunció la “inexistencia de control de destino de insumos adquiridos, falta de control y seguimiento de la calidad de la alimentación que se proporciona a los niños, exceso en la adquisición y uso de artículos de limpieza”.
Más adelante, se remarcan otras falencias: “falta de documentación respaldatoria sobre prescripción medica de los fármacos recetados a los niños, que impiden un control de dosis suministradas y diferencias en cuanto a la cantidad respecto a los medicamentos adquiridos, entrega de bienes y medicamentos a niños y jóvenes egresados sin control ni comprobantes de entrega que permitan la verificación de su destino y exceso de comprobantes efectivamente pagados respecto a las partidas recibidas”, irregularidades que resultan extensivas al Secretario Ecónomo Rubén Darío Sánchez.
Por último al mismo agente se le señala la responsabilidad de no llevar libro de menú y registros de las entregas de mercaderías y artículos de limpieza, lo que “impide un control” e “infringe la obligación de rendir cuentas”, al tiempo que “afecta la hacienda publica con la administración irregular”.
