Los reclamantes son, en su mayoría, beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, changarines y ladrilleros con carga de familia, de los barrios Hipódromo, Hipólito Irigoyen, La Delfina, Urquiza, Belgrano y 3 de Febrero. El 29 de mayo intrusaron casas del plan Santa Elena 80 Viviendas que estaban en un 85% de su construcción.
En la oportunidad los vecinos fueron desalojados por efectivos de la departamental de Policía de La Paz, a cargo del comisario Sergio Rufiner, previo acuerdo con la Intendencia, a cargo de Susana Olmedo.
Luego del episodio la empresa Taxsa, concesionaria de la obra, reclamó al IAPV más de 72.000 pesos, extra presupuesto, por los daños y roturas provocadas por los intrusos.
Promesas vanas
“Nos llamaron desde el municipio y nos dijeron que nos iban a dar una respuesta, pero debíamos levantar las carpas. Les dijimos que primero los escucharíamos y evaluaríamos si levantábamos las carpas. Hasta que no tengamos una respuesta convincente no nos moveremos de acá”, expresó a UNO Miguel Zuazo, delegado de los autoconvocados que hasta el momento sólo lograron entrevistarse con Olmedo, con el secretario de Gobierno comunal Dionisio Gavilán y con el presidente del Concejo Deliberante, Leonardo López.
El manifestante señaló que no fueron recibidos por el intendente Daniel Rossi ni por autoridades del IAPV por lo que se sienten “burlados”. Según los vecinos, Olmedo prometió no sólo tenerlos en cuenta en la lista de adjudicatarios, sino que se comprometió directamente a entregarles las viviendas.
“No salimos de las casas a pesar de las amenazas. Rufiner nos dijo que nos iba a cortar la luz y que no nos iba a dejar entrar el agua y la comida. Y que tarde o temprano tendríamos que salir. Pero no desistimos y llegamos finalmente a un acuerdo. Firmamos un acta por la cual nos comprometimos a dejar las casas y la intendenta nos prometió entregarnos las viviendas. Pero después nos dijeron que no podían efectivizar la entrega porque el IAPV exigía requisitos que no reuníamos”, expresó.
Reclamaron entonces al comisario que les contestó –no sin razón– que él no tenía nada que ver con las viviendas: “Rufiner nos dio su palabra. Nos dijo que él personalmente nos iba a hacer entrar de nuevo en las casas si la Municipalidad no cumplía en darnos la prioridad. Ahora nos sale con esto. Nosotros estamos dispuestos a pagar cuotas de 50 pesos como nos habían dicho”, acotó.