En octubre de 2003, la Provincia giró U$S 343.642 al Programa de Naciones Unidas que debía proveer el equipamiento. La nota destaca que ese monto fue tomado del Fondo de Inversión de Entre Ríos (FINIVER). No obstante, el dinero tenía otro fin: Contaduría de la provincia lo había autorizado para préstamos a citricultores.
En relación con las licitaciones efectuadas para la compra de equipamiento, el funcionario explicó que se realizaron 16 concursos de precios en el término de 48 horas -entre el 18 y 20 de noviembre de 2003-. Para Fabre, “es prácticamente imposible de evaluar debido a las particularidades y especificidad técnica de los elementos requeridos”.
Incluso, señaló que en uno de los concursos de precios realizados se efectuaron dos actas de apertura, en horarios diferentes, resultando adjudicataria la empresa cuya oferta fue recibida en segundo término. Mientras que en otros concursos, las ofertas fueron recibidas y aceptadas fuera del horario estipulado, cuando debieron ser rechazadas y devueltas sin abrir conforme a los pliegos.
Más adelante, el titular de la UEP destacó que, “en otros concursos se aceptó un tipo de cambio mayor al convenido para la cotización del dólar, con el consiguiente perjuicio a la Provincia”.
Las irregularidades fueron halladas por la Fiscalía de Estado, Contaduría de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. Este último organismo de control observó que: “no se habían notificado las adjudicaciones, la inexistencia de cuadros comparativos, falta de garantías de cumplimiento contractual, falta de constancia para la adquisición de pliegos por el oferente, entre otras cuestiones detectadas”.
Fabre añadió que, para el desarrollo del proyecto, “se comprometió a la Provincia por la suma de $ 7.393.943, sin contarse con las previsiones presupuestarias pertinentes, en clara violación a la ley de Contabilidad 5.140”.
“Espejitos de colores”
Por lo expuesto, Fabre le pidió a través de la nota a Alberto Rotman –ex secretario de Salud-, “que no mienta más a la gente queriéndole vender espejitos de colores, porque la fábrica de medicamentos no fue más que la ilusión de proyecto, el último as que intentaron sacar los funcionarios de un gobierno que ya estaba en ruinas”, indicó el titular de la UEP.
En la nota también reconoció que la actual gestión intentó finalizar el proyecto. Sin embargo, advirtieron que se trataba de “algo absolutamente inviable, un proyecto viciado de graves anomalías administrativas, con licitaciones realizadas de manera irregular, y con una obra apenas iniciada, que ni siquiera cumple con las exigencias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT), organismo que regula la instalación de este tipo de laboratorios”, sostuvo el funcionario.
Fabre, por último, señaló que, en noviembre de 2004, requirieron a las empresas involucradas la entrega de los elementos parcialmente adquiridos. “Como no tenían garantía contractual, se le solicitó con un plazo de anticipación de 10 días a la entrega de los bienes que cumplieran con dicho requisito. Sin embargo, venció ese plazo y ninguna de las empresas cumplió con ese requerimiento que está fijado por Ley. Incluso una de las firmas anticipó su decisión de no entregar los bienes a los que oportunamente se había comprometido”, concluyó.
