Argain estima que Diputados va a acompañar el proyecto porque el Defensor tendrá “independencia política y autonomía económica”. Su mandato tendrá cinco años de duración, para que no coincida con las elecciones políticas, y el designado surgirá de una lista que propongan entidades intermedias.
Se pretende que el Defensor de la provincia tenga una “dinámica activa social hacia la gente necesitada, o de los distritos rurales, o del interior; gente que es mal atendida en las oficinas públicas, que hacen cola desde las 5 de la mañana en los hospitales y no consiguen turno”, ejemplificó.
Entre las consultas previas a la elaboración del proyecto, Argain acudió a Eduardo Mondino, el Defensor del Pueblo de la Nación, y al equipo de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. También se consultó a las provincias en las que funciona actualmente la institución, narró Argain.
“Si bien existen organismos de contralor del Estado, como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía, no cumplen el rol de cuidar de oficio a la gente necesitada”, explicó el senador.
Deberá proteger a los habitantes de la provincia ante las violaciones de los derechos, abusos de poder, el error, la negligencia y la mala administración. Además trabajará para reafirmar la vigencia de la igualdad y la no discriminación y defender el derecho de libre acceso a la información pública.
Además, podrá investigar, de oficio o a pedido de parte interesada, para esclarecer actos u omisiones de organismos que impliquen violaciones a los derechos y garantías constitucionales y, fundamentalmente, respecto de los derechos humanos, del consumidor y sobre el medio ambiente.
A diferencia del Defensor de Paraná, tendrá legitimación procesal, es decir que se podrá presentar ante la Justicia provincial para la defensa de intereses conforme su ámbito de actuación, interponiendo acciones judiciales, amparos y planteos de inconstitucionalidad.
