El niño abusado sexualmente en nuestra ciudad, ha tenido el año pasado un incremento pavoroso. En éste último año se conocieron varios casos de incestos, y para sorpresa, no fueron denunciados judicialmente, ni siquiera se produjeron exposiciones en sede policial.
Sólo el 0,5% de las 5.276 llamadas (en el 2005) al Teléfono del Niño por maltratos a los niños se judicializó. Llamativamente, sólo toma estado judicial cuándo el maltrato es brutal y adquiere trascendencia periodística o, los certificados de lesiones aportados tienen poder probatorio y acreditan quien las produce. En cuanto a los cuatros juzgados de Instrucción el año pasado solo tramitan 12 casos de violación a niños, según datos aportados a Debate y Opinión en los tribunales de Concordia. Un dato impresionante, es que de las más de 5.000 llamadas al teléfono del niño, el 80 % proviene de los propios niños maltratados.
Uno de los factores por la cual la familia no denuncia esta problemática es que el Estado no asegura, a través de sus presupuestos, medios para la contención familiar y niños víctimas del maltrato. El municipio el año pasado destinó a la contención del niño y la familia, sólo el 4% del presupuesto. De ese porcentaje una mínima porción se destina a estos casos de abuso y la provincia que tiene responsabilidad indelegable en esta problemática no destina recursos suficientes, por lo que las víctimas no sólo deben soportar el abuso sexual, sino también el “falta de compromiso institucional”. Contamos aquí el caso de la “carta de amor” que una niña de 12 le escribía a su padre, en rigor, a su abusador.
Una prueba clara de que los niños deben ser cuidados sin demora
Pobreza, hambre, desesperanza, retraimiento y desesperación golpea habitualmente a Silvana Roda (28 años), y sus cuatro niños. Sin embargo la peor y más dolorosa situación que le toco vivir es cuando su hija de 10 años le reveló como su papá la venía violando. “Estoy muerta en vida, no puedo creer lo que el padre le venía haciendo esto a su hija, desde que ella tenía apenas 7 años. El los acariciaba continuamente a los nenes, los ayudaba a hacer las tareas, nunca imaginé que el cambio de conducta que me decía la maestra que tenía la nena era por el sometimiento sexual del padre”. Mostrando las secuelas que dejó ese maltrato familiar decía, “no solamente abusó sexualmente a la nena sino que ejerció violencia física y mental con todos nosotros, hoy mis hijos tienen una rebeldía tremenda, no aprenden en la escuela, y la nena tiene temor a cualquier cosa, por la violencia que a diario nos daba el padre. Yo lo denuncié, muchos me decían que no lo haga porque después nadie te va dar bolilla, no van a ayudarte, vas a quedar en la calle, porque no lo van a llevar preso y te va a echar a patadas a la calle y, la verdad que fue así, hoy nadie pero nadie me ayuda, de ninguna institución, pero por lo menos él esta preso”.
Esta similar situación afecta a cientos de niños y madres cada año en nuestra ciudad, y en la gran mayoría de los casos los abusadores son personas que ellos conocen y en las que confían, por lo que muchas veces se hace difícil prevenirlos de este tipo de ataques.
La problemática del niño abusado sexualmente en nuestra ciudad ha tenido un crecimiento importante, en éstos últimos meses conocimos varios casos de incestos, y para sorpresa, la mayoría no tomó ni estado judicial, ni denuncia policial.
Tuvimos la oportunidad de estar con Esther, madre de un chico de 11 años, violado por su padre y no denunciado, “yo no denuncié a mi marido porque primero el es muy violento y tenemos miedo permanente de ser golpeados, después ¿adónde vamos a ir?, aparte yo no tengo trabajo y quién nos va a ayudar ?”. Estas situaciones ambivalentes de ser agredidos, quedar en “la calle”, y la dependencia económica, sumado a la vergüenza, son las mayores razones que persisten para que no se denuncien los abusos sexuales.
Una realidad que no debe ser obviada
De las 5.276 llamadas al Teléfono del Niño en el 2005, el 80% fueron hechas por los propios niños, buscando “entablar una relación, y de ahí siempre surge algo sobre el maltrato que sufren” nos decía la Coordinadora de ese instituto Ana Latrille.
Sólo el 0,5% de los maltratos familiares que son denunciados al Teléfono del Niño es judicializado, es decir, sólo toma estado judicial cuándo el maltrato es brutal y tiene trascendencia periodística o los certificados de lesiones aportados tienen poder probatorio y acrediten quien las produce. En los cuatros juzgados de Instrucción el año pasado solo tramitan 12 casos de violación a niños.
No hace mucho tiempo, hubo un caso judicial que muestra la gran transformación que produce la miseria y exclusión en las familias. En un hogar de Federal una niña de 12 años convive con sus 7 hermanos y con dificultades de distinta intensidad : hacinamiento, falta de ingresos suficientes, de estimulación psícoafectiva adecuada desde el nacimiento y de propuestas que estimulen su crecimiento y afirmación como persona.
A este cuadro, de por sí desolador se sumaba otro mucho más cruel : aquel que debía cuidarlos, es decir, su padre, la sometía sexualmente, tenía apenas 12 años cuando comenzó a hacerlo. Solo por la denuncia de los vecinos se descubrió el hecho. Probado el incesto, el depravado va preso, pero siempre declaró su inocencia en el caso.
Para sorpresa del Defensor de Menores, el padre al poco tiempo de estar preso presenta como prueba de que no la había violado una carta enviada por la nena a la cárcel en la que le manifestaba su “amor”. Es decir, su argumento fue no solo que no la había violado sino que todo lo que hizo fue con el consentimiento de ella. Obvió su edad, claro.
Esta crisis obliga a repensar la infancia en el contexto de lo que es la ciudad, y de las alteraciones violentas que ha sufrido el niño y su ambiente inmediato : la familia.
Concordia como muchas ciudades de nuestro país, no es un paraíso anhelado para miles de niños y adolescentes, si se piensan en las cifras que arrojan los datos oficiales sobre pobreza, deserción escolar, hogares más pobres comparados con los más ricos etc.
Las cifras de por sí son penosas, el Estado tiene responsabilidades indelegables, debe asegurar medios a los niños y familias víctimas de la violencia y, si su vivienda se torna un ámbito inevitablemente perjudicial, tiene la obligación de darles un lugar adecuado para protegerlos, de tal manera que no terminen, luego, soportando también «falta de compromiso institucional». El Municipio de Concordia el año pasado ejecutó un presupuesto de $52.000.000.-, (un 20% más respecto al 2004) con superávit dice la información oficial, y sólo destina el 4% a la contención del niño y la familia que comprende Deportes, CCI, CDI, Comedores, Centros de salud, Asistentes Sociales, Asistencia psicológica, Teléfono del Niño, Fortalecimiento Social etc. Es decir, una mínima proporción de ese 4 % tiene como destino específico al niño sometido. El trabajo articulado por el municipio a través de redes con hospitales, Consejo del Menor, Justicia, Escuelas y todas las instituciones barriales es buena, solo en apariencia, pues se carece de presupuesto, pasando a ser pura voluntad por parte de la gente que tiene que aplicar políticas de contención. “Hay que plantear al Ministro de Acción Social Gustavo Bordet ésta problemática de los recursos, estamos con el servicio saturado”,manifestó Silvina Alvez.
Algo a corregir de esta sociedad tan desordenada como es la nuestra, es que no pase desapercibido el maltrato infantil y se lo denuncie. Otra es que funcionen y tengan presupuestos y políticas focalizadas (acordes a la gravedad del problema), las instituciones del Estado provincial también responsables de velar por los derechos y seguridad de ellos.
No ocurre esto, es más, en estos casos se potencia lo que ya es un mal argentino “hacer como que”. En el caso judicializado que contamos, fue la madre de la víctima, solita, sin recursos económicos ni de conocimiento y viviendo en una zona alejada de Concordia (Benito Legeren) la que debió coordinar acciones tendientes a lograr las pruebas que incriminaran al violador que, dicho sea de paso, cuenta con abogados especializados a los que les abona sumas impensadas para la víctima. Dejamos librada a la imaginación del lector descubrir cómo hace una víctima que vive en el medio de la pobreza para sobreponerse a las distintas burocracias estatales y alcanzar mínimos elementos de prueba.
