El gobierno afirmó este miércoles que carece de facultad legal para detener las obras de construcción de dos plantas de celulosa, en respuesta a una petición en ese sentido hecha por el presidente de Argentina, Néstor Kirchner.
El ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, reiteró que el gobierno «no tiene facultades legales» para detener las obras, y dijo desconocer si incluso está dentro de las posibilidades de las empresas el hacerlo.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, admitió la posibilidad de una reunión de los presidentes de Argentina y Uruguay en Chile, en oportunidad de la toma de posesión de Michelle Bachelet como presidenta. «Nosotros estamos dispuestos a la negociación», agregó.
Las autoridades uruguayas vienen señalando la imposibilidad de detener la construcción de las plantas de celulosa desde el pasado domingo, cuando el presidente argentino hizo en el diario «La Nación» de Buenos Aires una petición pública en ese sentido.
Las dos plantas papeleras supondrán inversiones por 1.800 millones de dólares (1.505 millones de euros), las mayores que ha recibido Uruguay en su historia.
Por el contrario, desde Argentina se afirma que las plantas de celulosa ocasionarán a este país pérdidas por 1.278 millones de dólares (1.68 millones de euros) en 20 años, en concepto de lucro cesante y daño medioambiental.
