De conformidad con lo peticionado por el Honorable Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos correspondería dar intervención a la citada provincia en la referida actuación procesal internacional”, reza el texto de la declaración.
La sesión fue seguida atentamente por representantes de diversos sectores de la provincia que se manifiestan en contra de la instalación de las plantas.
Numerosos oradores se sucedieron en la jornada estuvieron los legisladores entrerrianos Carlos Cecco (UCR), los legisladores de Concertación Entrerriana, Emilio Martínez Garbino y Lucio Godoy, y los justicialistas Blanca Osuna, Jorge Daud, Raúl Solanas, José Lauritto y Rosario Romero, todos para apoyar la presentación del caso ante la Corte Internacional.
La sesión
Como miembro informante inició el debate el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Argüello, quien se refirió a lo actuado en dicho ámbito para esclarecer a los legisladores las instancias que provocaron este conflicto con el vecino país. Refirió entonces a las reuniones de 14, 15 y 16 del actual, oportunidad en que el pleno de la comisión recibió la visita del canciller Jorge Taiana, quien en una exposición de cuatro horas brindó el informe de la posición de Cancillería. Luego, de representantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú y, por último, la visita del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, “que sirvió para esclarecer la posición de la provincia y cuál es el origen de esta no deseada controversia”, dijo.
Destacó que de todas estas reuniones se arribó a un consenso mayoritario de las fuerzas políticas que integran de comisión de apoyar la decisión de la Nación de elevar esta causa a la Corte Internacional de Justicia.
Argüello hizo notar que “a criterio de las autoridades de la Nación, de Entre Ríos y de la población de Gualeguaychú, la ROU ha violado el Estatuto del Río Uruguay y esta violación surgió con total claridad del informe del canciller Taiana”.
Advirtió que “la decisión de acudir a la Corte es una consecuencia no deseada, a la que nuestro país se ve empujado a recurrir, ante la falta de un respuesta del Uruguay para que se informe sobre el funcionamiento de estas plantas en materia de protección ambiental y el fracaso de las distintas gestiones y de la comisión técnica mixta de alto nivel que se conformó entre ambas cancillerías para resolver el tema.
