En un escrito de tres carillas -al que tuvo acceso Télam y presentado ante el juez Jorge Luis Ballestero- Marijuan concluyó que «no constituyen delito alguno» los hechos que el ex senador entrerriano imputó a los fiscales Eduardo Freiler (hoy camarista federal) y Federico Delgado.
«A poco de introducirse en la lectura del escrito de denuncia se advierte sin esfuerzo que los hechos relatados no son más que agravios formulados por quien se encuentra implicado en el proceso», dijo Marijuan, y concluyó que esas conductas están «lejos de conformar conductas delictivas».
De esa manera, el representante del ministerio público sugirió al magistrado que se rechace la presentación -contenida en 41 carillas y firmada por Alasino por «propio derecho» en su condición de abogado-, en la que cuestionó a los fiscales que lo acusaron.
En la causa por los sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral, en abril de 2000, Alasino fue procesado por «cohecho pasivo» (cobrar coimas) el 2 de agosto último por el juez federal Daniel Rafecas, medida que fue confirmada por la Cámara federal.
En su oportunidad, Rafecas también procesó, entre otros, al ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique, al ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado delarruista, Fernando de Santibañes, y al «arrepentido» Mario Pontaquarto, por el pago de los sobornos.
Aquella medida alcanzó, además, al ex senador radical José Genoud y a los justicialistas Emilio Cantarero (Salta), Remo Costanzo (Río Negro), Alberto Tell (Jujuy) y Ricardo Branda (Formosa).
En esa causa Rafecas -con la intervención del secretario Marcelo Sonvico- también citó a indagatoria (en calidad de imputado) al ex presidente Fernando de la Rúa, aunque aún no fijó la fecha pues previamente es necesario que Pontaquarto realice un reconocimiento en la Casa de Gobierno.
El juez -en uno de los párrafos de las más de mil carillas de aquella resolución- también sobreseyó a los ex senadores justicialistas Ramón Ortega, Eduardo Bauzá y Javier Meneghini, junto a sus ex colegas radicales Raúl Galván y Alcidez López, por «inexistencia de pruebas en su contra».
Precisamente, la desvinculación de Bauzá y Ortega fue uno de los motivos que llevaron a Alasino a cuestionar a Freiler y Delgado ya que, sostuvo, «consintieron los sobreseimientos» y no los apelaron.
Marijuan replicó que «los representantes del ministerio público no se encuentran obligados a apelar en forma automática» las falta de mérito o sobreseimiento y que «no debe perderse de vista que además de velar por los intereses generales de la sociedad también deben hacerlo por la legalidad del proceso».
FUENTE: TÉLAM
