Mediante Dictamen 211-06, de fecha 13 de enero de 2006, el organismo sostiene que la denuncia “no se encuentra avalada por ningún elemento probatorio fehaciente”, y expresa que “tampoco los denunciantes han acreditado de ninguna manera posible que el actual gobierno de la provincia de Entre Ríos haya tomado nuevo personal para reemplazar a los cesanteados”.
Solari y Fernández denunciaron al gobierno provincial por los alcances del decreto 218/03, “al que consideran arbitrario y discriminatorio”. También ponen de manifiesto que “esto conlleva una actitud de persecución política contra los agentes de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas de esa provincia, que no están identificados con el partido político del Gobierno”.
La titular del Área Legal y Técnica del Inadi, Vivian Sonia Pibida, notificó el 17 de enero pasado al gobernador Jorge Busti el Dictamen 211/06 “recaído en las acusaciones MFN Nº 0894: Eduardo Solari y Osvaldo Fernández –Diputados provinciales de Entre Ríos c/ Gobierno de Entre Ríos”.
En el Apartado B del Dictamen 211/06, Análisis y Descripción del caso, se precisa lo presentado por los diputados radicales y se menciona el descargo del gobernador Jorge Busti. El manadatario explicó que la medida “no alcanzó a ningún agente de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sino que ésta fue disuelta por la Ley provincial Nº 9539 contemplando la indemnización para la totalidad de los agentes comprendidos”.
