En rigor, el dictamen del juez Quadrini establece que ninguno de los imputados cumplía con el requisito de desocupado para cobrar la ayuda económica antes de ser electos como concejales, con el agravante que en el caso de Galli, siguió haciéndolo una vez que asumieron como ediles.
En la resolución del magistrado, a la que accedió DIARIO JUNIO se especifica que a la concejal Mónica Galli se le imputó el haber obrado el Plan Jefes y Jefas de Hogar por el período comprendido entre los meses de junio de 2002 hasta enero de 2004; sabiendo que al momento de solicitar su inscripción en dicho plan que no le correspondía tal beneficio, atento a que su esposo se encontraba empleado (siendo el mismo funcionario policial) cobrando los salarios por esposa e hijos desde el mes de noviembre de 1990 hasta el mes de agosto de 2004. Incluso se remarca que Galli aportó datos en la solicitud de inscripción que no se compadecían con la realidad, para obtener dicho beneficio.
Destacándose que Galli asumió como concejal y continuó percibiendo por dos mese el mentado beneficio.
El Pato y el Pollo
En el caso de Rubén Zubillaga, conocido por el apodo de “pato”, el imputado aseguró desconocer la incompatibilidad de cobrar el plan, mientras trabajaba en el Consejo del Menor de la Provincia de Entre Ríos, lo que fue considerado un “contrasentido”.
Afirmando que esta acreditada la conducta dolosa achacada a a Zubillaga por los mese de septiembre y octubre de 2003, advirtiéndose sin embargo que la posible maniobra defraudatoria no se acotaría solo a tales meses.
Por último, si bien se dictaminó la “falta de mérito” para Néstor “Pollo” Rameri, se observó “la carencia de infraestructura y los problemas de cruzamiento existentes que habrían hecho imposible corroborar la documentación que se presentaba”.
