“No existe tal incompatibilidad”, afirmó el Diputado respecto al dictamen de la Fiscalía, y aclaró que “la ley admite expresamente que un diputado puede ejercer actividades judiciales, aún contra el Estado”.
En ese sentido, aseveró: “Está perfectamente claro por la ley que un Diputado puede tener actividades judiciales en contra del Estado”, y agregó que “lo que no puede es tener actividades administrativas” contrarias al Estado.
“La diferencia no es sutil, sino que es clara: es porque se entendió que el Poder Judicial es un poder independiente”, aseveró además Mainez, quien sostuvo que “evidentemente esto es un acto fallido del político clásico que entiende que el Poder Judicial puede ser administrado por el poder político”.
Por otro lado, aseguró que “en ninguna de las causas se ha alegado mi calidad de Diputado, en ningún momento se hizo un planteo en el proceso judicial respecto a mi función como legislador”.
En tanto, explicó que una de las causas (Loker, María Margarita Angélica y otros C/ Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos S/ Acción de Amparo) “fue para que el Estado provincial haga la reparación de la Escuela 71 de Concordia, que es una escuela a la que se le caen los techos, cuyas paredes están electrificadas, cuyos baños prácticamente no existen”. “En ese caso, este Diputado como abogado fue patrocinante de las maestras, que iniciaron un proceso y que terminó pese a la resistencia del Consejo General de Educción (CGE) y de la Fiscalía de Estado, y el Gobierno provincial fue condenado a reparar la escuela”, añadió.
Otro caso
“El segundo caso (Balbuena, Victorio Ramón C/Leiva, José Darío y otros-Sumario) es un proceso de reparación de daños causado por un crimen, por el cual fueron condenados a cadena perpetua policías de esta provincia”, acotó el legislador, quien explicó que “el cliente me requirió para que yo sea el abogado que lo patrocine en el recupero del daño moral que le causó la muerte de su hijo”.
Asimismo, el legislador entendió que con la acusación en su contra el Gobierno pretende transmitirle “un sólo mensaje: que Mainez levante la mano para la Reforma y no va a tener problemas”, aseguró. “Esta causa tiene claras connotaciones políticas; es evidente que Mainez es un problema para la corporación política, por eso han buscado la vuelta, y creen haber encontrado en esto un causal. Veremos cómo sigue el trámite”, acotó.
El dictamen de la Fiscalía de Estado se elevó a la Cámara baja provincial y será analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Al respecto, Mainez vaticinó que como esa Comisión “tiene mayoría oficialista, el dictamen que podría salir de ahí tendrá el seguimiento de la línea política del Gobierno; es factible que la Comisión se expida políticamente”, expresó.
De todos modos, sostuvo que ante ello “vamos a ejercer nuestro derecho de defensa y veremos hasta dónde quiere llegar esta gente”.
Por último, Mainez recordó que existe “un juicio del actual gobernador de la provincia (Jorge Busti), con el patrocinio de la Fiscal de Estado, que promovió al ex fiscal (Oscar) Rovira. Ese juicio también demanda al Gobierno, y actualmente se mantiene la demanda. En ella la Fiscal cesó su intervención, pero lo continúa la doctora Nancy Vinagre, que forma parte del estudio de la doctora Mizawak”, finalizó el legislador.
