El presidente Néstor Kirchner reiteró el total apoyo del Gobierno nacional a la Provincia en el conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, manifestando que continúa su compromiso con la consigna de detener la construcción de las papeleras. Así lo informaron el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino, quienes precisaron que el primer mandatario les ratificó la postura de la Nación en el marco de una audiencia que mantuvieron en la Casa Rosada.
Sin embargo, en simultáneo con esta información, se conoció también que el presidente designó como secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería a Roberto García Moritán, quien, a su vez, preside la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), institución binacional que fuera muy cuestionada por su accionar en el marco del conflicto con el Uruguay por la instalación de las papeleras. Tan cuestionado que en el encuentro que el entonces ministro Rafael Bielsa mantuvo con las organizaciones ambientalistas de Gualeguaychú, a fines de julio pasado, éstas le pidieron expresamente la remoción de todos los miembros de la delegación argentina de CARU.
Como es sabido, varios meses después y por acuerdo con el Gobierno de Entre Ríos, sólo se les pidió la renuncia a esa Comisión a los delegados Darío Garin y Alejandro Rojas, los dos integrantes de menor peso dentro de la delegación, y, casualmente, ninguno de ellos incondicional del gobernador.
UN ASCENSO PARA GARCÍA MORITÁN
García Moritán –quien ya venía desempeñándose en la Cancillería como subsecretario de Política Exterior– pasará a acompañar como vice-canciller a Jorge Taiana quien, tras la salida de Rafael Bielsa, fue nombrado para conducir las relaciones exteriores argentinas.
El flamante vice-canciller era el único nombre que sonaba para acompañar a Taiana desde su asunción el pasado 1º de diciembre y finalmente se confirmó con el decreto presidencial que lo nombra Secretario de Relaciones Exteriores.
UN AUTÉNTICO PROFESIONAL
El funcionario con rango de embajador Roberto García Moritán es uno de los muchos sobrevivientes de la década menemista reconvertidos en el seno del Gobierno. Nombrado por Carlos Menem, ratificado primero por Eduardo Duhalde y luego mantenido por Néstor Kirchner. Además, García Moritán desarrolla una carrera paralela en el ámbito académico (en la Universidad del Salvador). Abogado, Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de Deusto, España), Master en Política Internacional (New School for Social Research, Nueva York, EE.UU.) y Egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, es además director del Instituto de la Cuenca del Plata de la Universidad del Salvador. Desde 1994 estuvo al frente de la CARU en varias oportunidades. Antes, había sido delegado del Gobierno de Menem ante la Comisión Binacional para la construcción del Puente Colonia – Buenos Aires (1993- 2001) y presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) también en varias oportunidades.
Seguramente sus múltiples ocupaciones fueron las que le impidieron advertir el incumplimiento del Tratado del Río Uruguay con la aprobación de la instalación de la empresa española ENCE, señalado por organizaciones ambientalistas argentinas y uruguayas ya en el año 2001 (el 9 de octubre de 2001 las ONG Vida –de Concepción del Uruguay– y Movitdes –de Fray Bentos– presentaron en una renión en la sede de la CARU toda la documentación que habían reunido acerca de la peligrosidad de la industria papelera. El 21 de noviembre de ese mismo año, la CARU por nota oficial SAD 7942-UR acusó recibo de la nota en la que se le pedía urgente tratamiento acerca del proyecto de inversión español. García Moritán, quizás, estaba dando clases en la USAL o bien en alguna reunión por el nunca construido Puente Colonia – Buenos Aires).
CUMPLIENDO ÓRDENES
El 30 de mayo de este año, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú elevó una nota al gobernador entrerriano Jorge Pedro Busti, en relación a la invitación que se le realizaba para integrar una comisión binacional de estudios de impacto ambiental de las plantas de ENCE y Botnia. En esa respuesta, la Asamblea condicionaba su participación en dicha comisión en una serie de cuatro puntos que enumeraba. El cuarto pedía la remoción de todos de los delegados argentinos en la CARU. Textualmente decía:
“Solicitamos a usted gestione ante las autoridades nacionales que correspondan, impulsar el deseo unánime de esta asamblea de que sean reemplazados la totalidad de los funcionarios argentinos que nos representan en la CARU, asimismo impulse a través de la Fiscalía Provincial la iniciación de acciones que correspondan a los citados funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Apenas una semana después el embajador Roberto García Moritán contestó esa nota, a través del Memorándum 105/2005. Allí aseguró que la CARU planteó en su momento (recién a fines de 2003) la aplicación del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay, que establece la consulta a esa comisión para parte del gobierno que proyecte una obra que pueda afectar “la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas”. García Moritán también dejó asentado en ese documento que se actuó siempre en consulta con la Cancillería, pero además, en el punto IV hace referencia al controvertido acuerdo del 2 de marzo de 2004, entre los dos cancilleres, que “llegaron a un entendimiento a fin de adoptar una posición con relación a los mecanismos de control ambiental del río Uruguay”, del cual surgió el Plan de Monitoreo. Se trata, claro, del acuerdo que el gobernador Busti sigue diciendo que no existe.
De este modo García Moritán hizo suyos, ‘avant la lettre’, los argumentos que, varios meses después, hizo públicos Darío Garín, al salir eyectado de la CARU. Vale recordar entonces sus palabras textuales (las de Garín), reproducidas por “Miércoles Digital” : “No incumplí mi deber de funcionario, no cometí ninguna infracción. Mi salida obedece a causas políticas ajenas al proceso de las papeleras” y agregaba: “Sólo el presidente de la delegación tiene voto, y es Roberto García Moritán, designado por Cancillería, le sigue en responsabilidad Héctor Rodríguez, designado por pedido de Busti. Ambos son las autoridades responsables del voto y fueron confirmadas en su cargo. Mi deducción es que no hay disconformidad ni de la Cancillería ni del Gobierno de Entre Ríos con la actuación de la delegación”.
Evidentemente no hay ninguna disconformidad, en especial del Gobierno nacional, que acaba de ascender a García Moritán, el cuestionado titular de la cuestionada delegación argentina en la CARU. Hasta el momento no hubo manifestaciones al respecto de las organizaciones ambientales, que algunos meses atrás pedían su remoción.
