La organización internacional Reporteros sin Fronteras expresó su «preocupación» por «las vejaciones a que, algunas autoridades de la provincia de Entre Ríos, someten a los medios de comunicación». La entidad, con sede en Paris (Francia), hizo un «llamamiento al gobernador, Jorge Busti, para que dé ejemplo y calme los ánimos», según un comunicado publicado por ANALISIS DIGITAL.
La administración de la provincia de Entre Ríos tiene que admitir que la prensa haga su papel de contra-poder. Condenamos las amenazas, intimidaciones y abusos de poder con los periodistas Daniel Enz, Tirso Fiorotto y Oscar Londero, , de los que son culpables las autoridades, incluido el propio gobernador», declaró Reporteros sin Fronteras.
En el escrito se recordó: «El 25 de noviembre, en Paraná, capital de la provincia, Daniel Enz, director del semanario Análisis, fue directamente amenazado por Ernesto Geuna, jefe de la policía provincial. El funcionario corrió para abordar al periodista en una calle y, tras asegurarse de que no había testigos, le advirtió sacudiéndole el brazo : ‘No te metás más conmigo, porque se me va a salir la cadena y te voy a hacer mierda. No sabés con quien te estás metiendo’. Daniel Enz había publicado en Análisis una investigación sobre algunas disfunciones en la institución policial. Ha denunciado a Ernesto Geuna quien, después, dimitió de sus funciones», se acotó.
«En la misma semana, el gobernador Jorge Busti calificó a Tirso Fiorotto, corresponsal del diario nacional La Nación, de ‘enemigo público número uno’ de su gobierno, a causa de unos artículos críticos sobre su gestión», se señaló luego.
Más adelante se sostuvo que «a comienzos del mes de noviembre, Oscar Londero, corresponsal del diario nacional Clarín, presentó un recurso judicial para que el gobierno provincial rinda cuentas acerca de la utilización del dinero público sobrante de la publicidad oficial. Medios de comunicación y agencias se habrían visto perjudicados por ello, durante el año 2005. Al periodista, que intentó conseguir información en la Dirección General de Información Pública (DGIP), le despacharon con un no recibido, argumentando que se trataba de “información reservada.
Finalmente, el 10 de octubre, a Leandro López, del diario El Sol de Concordia, «le pegaron violentamente en una comisaría, cuando pretendía recoger información sobre un accidente de circulación».
