De acuerdo a la información aportada por el diario El Día de Gualeguaychú, el miércoles por la mañana, y a raíz de una denuncia efectuada en los tribunales locales una comisión judicial y policial allanó las oficinas de la Municipalidad de Gualeguay. El procedimiento, que rápidamente ganó repercusión pública, se originó por una presentación efectuada en la Fiscalía local, a cargo del Dr. Darío Crespo en la que se habrían denunciado presuntas irregularidades en la construcción del CIC (Centro Integrador Comunitario), una obra financiada por la Nación y con la participación de cooperativas de trabajadores.
Crespo llegó a la municipalidad alrededor de las 8 de la mañana, junto a numerosos funcionarios, secuestrando abundante documentación de la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Liquidaciones, Contaduría, Tesorería, Secretaría Técnica, Dirección de Acción Social, Departamento Compras y Secretaría de Obras Públicas. La denuncia habría sido hecha por integrantes de las cooperativas, a quienes se les adeudaría una suma importante de dinero. También habrían denunciado supuestas irregularidades en la administración de los fondos enviados por la Nación.
El CIC es una obra de 700 metros cuadrados cubiertos, ubicado en la zona oeste de la ciudad, que servirá para alojar dispensarios, jardines y brindar cursos de capacitación. Extrañamente, y si bien hace casi dos meses que está terminado, el intendente José Jodor se niega a inaugurarlo esperando la llegada de la Ministra de Acción Social Alicia Kirchner. La hermana del Presidente, con todo listo, suspendió ya dos veces su visita a Gualeguay.
Indignados por el procedimiento, la reacción oficial fue criticar con dureza al Fiscal Darío Crespo y a la propia policía. En declaraciones efectuadas a LT38, el Senador provincial Eduardo Jodor denunció que se intentaba equiparar esta situación con lo ocurrido en Gualeguaychú. Quizás sin darse cuenta, el senador Jodor descubrió como funciona el sistema cuando de poderosos se trata. El legislador aseveró que para él “debería existir respeto y cordialidad, incluso una mínima información previa, decir que habrá una intervención de funcionarios judiciales”.
“La movilización –calificó- fue desmesurada llevando preocupación a empleados y funcionarios del municipio. Esto nos deja preocupados. Hace unas horas nos reunimos con vecinos y hay quejas sobre la seguridad. Ante esto nos encontramos con que funcionarios judiciales movilizan a la policía para estos menesteres”.
El legislador aseveró que para él “debería existir respeto y cordialidad, incluso una mínima información previa, decir que habrá una intervención de funcionarios judiciales. Esto nos ha sorprendido. A estos funcionarios judiciales, que disponen tan libremente de los policías, les digo que nosotros no somos la municipalidad de Gualeguaychú, Tenemos otra forma de hacer las cosas”.
Jodor remarcó que “te ponen fajas de clausura como si fueras un antro de corrupción. Insisto, esta no es la municipalidad de Gualeguaychú. Acá hay que proceder como corresponde. Acá hay gente que gobierna bien y con respaldo masivo y popular. No vaya a ser cosa que esto le sirva a algunos para justificar la no solución de los delitos callejeros. Esto no ha pasado en ningún lugar de la provincia”. En relación a las motivaciones políticas, el senador agregó que “hay funcionarios que por la forma de tratar no sé si estaban en la interna. Pero no se pueden utilizar los cargos para crear sospechas y desasosiego en la población”.
También el Secretario de Gobierno, Gastón Justet definió como un avasallamiento lo ocurrido, denunciando que se quiere “instalar” el tema como si fuera similar a lo que pasó en Gualeguaychú. Al respecto señaló que “lo que pasó generó profundo malestar, porque se tiñe a toda la gestión municipal de un manto de sospecha. Incluso algunos medios periodísticos quieren comparar esto con Gualeguaychú y no es nada que ver. Acá no hay faltante de dinero ni se habla de negociaciones turbias, sólo ha habido una denuncia de un Plan Trabajar”.
La indignación oficial llegó a tal punto que el titular del Ejecutivo local, José Jodor remitió ayer una carta a la Dra. Valeria Barbiero de Debeheres, a cargo del juzgado de instrucción Nro 2, quejándose por el despliegue.
