La medida traslada al máximo tribunal de Justicia de la Provincia las diferencias de criterios existentes en el Concejo Deliberante, ámbito donde se originó la disputa. La aprobación de la resolución 307, el posterior veto del Ejecutivo de ésta, y el desconocimiento del veto que hizo el Concejo, llevaron a la presentación de recursos de amparo de parte de los oferentes excluidos.
El Ejecutivo apunta ahora a centrar la discusión en el punto inicial de la disputa, «el conflicto de poderes». El Tribunal provincial tiene 45 días para dar su veredicto, según indicó El Federaense.
El intendente de Federación, Manuel Abreu, señaló al respecto: «resulta que el Dr. Dri explica que los amparistas no piden la incorporación en la lista de adjudicatarios sino que se cumpla con la Resolución 307 emanada del Concejo. La pregunta que nos hacemos es, ¿Dri tiene como clientes a los oferentes o a los Concejales? Ante estos planteos lo más sano es el ir a la punta del ovillo y resolver la diferencia de criterios entre el Ejecutivo y el Concejo».
