Ante las noticias que me mencionan como impulsor de una reforma a la ley 9501, debo aclarar que no comparto ni acompañaré, en el Senado, las modificaciones propuestas. Es de recordar que la ley fue dictada el 29/07/2003 y hasta hoy, por distintas presiones, no se encuentra reglamentada.
Dado que en dicha ley se autorizaba al Consejo General de Educación a su implementación, ha sido una preocupación constante del suscripto, al interrogar en oportunidad de los interminables acuerdos otorgados a los distintos vocales del CGE que han sido designados, y luego removidos, qué pensaban hacer para la efectiva y concreta aplicación de esta ley.
De todas estas entrevistas que se produjeron en el seno de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, me quedó la fuerte impresión de la falta de interés en su implementación concreta.
A la ausencia general de política educativa desde el CGE y el Poder Ejecutivo que designa sus conductores, no escapa la política educacional en el tema sexual. Este tema es sensible y de implicancias sociales importantes; es falso solo reducirlo a determinados grupos. La ausencia del Estado en estas políticas afecta notoriamente la tolerancia, convivencia y respeto en el seno de nuestra comunidad, como también impide la prevención eficaz de embarazos no deseados en adolescentes y casi niñas que no podemos tolerar más, y que se producen en múltiples casos por falta de información. El Estado no puede resignar su rol de educador y transferirlo, en cuestiones que hacen a la salud pública, a las familias, que en múltiples ocasiones son quienes en realidad demandan del Estado que informe debidamente a sus hijos
Este es un tema tabú, y la única manera de vencer el temor y la ignorancia, es ponerlo a consideración de la ciudadanía.
Mi firma en el despacho de Comisión se debió a un error, que me es imputable absolutamente y del que me hago debidamente cargo.
