El proyecto pertenece a Mariano López (PJColón) y Graciela Zambón (UCR Federación) y prevé “una serie de modificaciones en cuanto a la promoción y reflexión del tema entre los padres y adolescentes, y sobre la responsabilidad en la concepción de la vida desde la fecundación, así como un análisis entre las partes de las consecuencias y cuidados de las enfermedades de transmisión sexual”, según informó López, quien agregó que tales cambios se inscriben “en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad”.
Esas reformas, realizadas sobre el artículo 2º, inciso B, eliminan la disposición de que tales reflexiones deben hacerse también sobre la responsabilidad en la prevención de embarazos no deseados. “Con esto se eliminarían todas las políticas de salud para que se cumpla este objetivo y la consecuencia directa es el aumento de los abortos. Parece ser que a los senadores del PJ, la UCR y el Nuevo Espacio no les preocupa la proliferación de embarazos adolescentes, de niñas madres, y todos los problemas relacionados como la mortalidad maternoinfantil que esto trae aparejado”, señaló Grimalt.
Además causó fuerte rechazo la eliminación del inciso C del mismo artículo, que actualmente pone entre los objetivos “orientar e informar a la población sobre el ejercicio de la sexualidad con perspectiva de género”.
Por último, la iniciativa de López y Zambón cambia totalmente el artículo 4º, vinculado a la educación sexual, que hoy dispone que el CGE busque mecanismos para contar con un organismo asesor interdisciplinario conformado por la Federación Sexológica Argentina, carreras universitarias de Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y organismos no gubernamentales con experiencia en la materia.
El texto propuesto para este fragmento establece que el CGE “deberá implementar políticas de educación sexual respetando la naturaleza biológica del ser humano y los derechos indelegables de la familia con respecto a la formación de los hijos”.
En tanto, las indicaciones de la norma vigente para la educación sexual se reemplazarán por un decreto de 1993. “Es decir, de antes de la reforma constitucional de 1994, que incorporó los pactos internacionales como la convención de los derechos del niño, que establece que los chicos son sujetos de derecho y no propiedad de los padres, y los que rechazan la discriminación hacia la mujer”, apuntó Grimalt.
La diputada de la oposición también remarcó que existe una “contradicción” entre esta norma y la política de salud reproductiva que impulsa el gobierno nacional. “Esto es un insulto a toda las mujeres de la provincia, está vulnerando nuestros derechos. Vamos a hacer denuncias a nivel nacional, ya que es un contrasentido total con las políticas del Ministerio de Salud de la Nación”, indicó.
