“No tengo inconvenientes de darlo a conocer a este listado pero en mi repartición hay una resolución, la Nº 23 del 27 de diciembre, en la cual declaramos reservada la información para conservar la relación entre el Gobierno y los medios y de los medios entre sí”, dijo el funcionario.
Prigioni recordó que pidió diez días después de la presentación de la nota y aclaró que el decreto 1169 permite esa prórroga para reunir la información. Luego sostuvo: “El 25 de julio le respondí dentro de lo que me permitía mi resolución”.
En ese sentido manifestó que su área tiene un presupuesto de 923 mil pesos anuales y que lleva invertidos casi el 50 por ciento del presupuesto, que son 444.336,10 pesos. Además dijo que en la nota comunicó al periodista que “la información que solicita se encuentra en los organismos de contralor: la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas”. “Él interpreta que yo le estoy denegando la información por lo que presenta la nota en la Oficina Anticorrupción”, precisó.
El titular de la DGIP dijo que la Oficina Anticorrupción recomendó, el viernes pasado, a la Dirección General de Información Pública (DGIP) que revea la decisión y adecue la resolución al decreto 1169 y habilitando al periodista que recurra por vía administrativa para cuestionar la legitimidad de la resolución emitida por la repartición. Además, la Oficina Anticorrupción establece textualmente que “la respuesta brindada por el director de Información Pública fue hecha dentro de los términos del decreto, atento que cumplió con los requisitos formales, tales como el plazo de 20 días y el hecho que la respuesta está fundada”.
“Nosotros vamos a adaptar nuestra parte legal al decreto 1169 para brindar mayor transparencia a la gestión de Gobierno”, afirmó Prigioni añadiendo: “Como funcionarios tenemos que acatar las resoluciones del Estado”.
