Según palabras textuales de Aníbal Gutiérrez, jefe de gabinete de la Cancillería argentina, Bielsa viene a “rendir cuentas a la comunidad acerca de su actuación” en el tema de las plantas de celulosa.
Mientras tanto, los ambientalistas presentan un planteo que incluye tres puntos sustanciales:
1 – que el estudio de impacto ambiental que va a encarar ahora una comisión bilateral tiene que ser vinculante;
2 – que se paralicen las obras de construcción de las plantas durante los 180 días que va a demandar el estudio,
3 – y que firme un papel donde quede muy claro que el gobierno argentino no ha acordado nada con el gobierno uruguayo habilitando la construcción de las plantas de Ence y Botnia. Esto último, para poder iniciar acciones legales internacionales con tranquilidad.
Comisión técnica binacional
El 3 de agosto se reunirá por primera vez el grupo técnico argentino-uruguayo que concretará el esperado estudio de impacto ambiental independiente.
Hasta el momento, los únicos estudios son los que han presentado las propias empresas Ence y Botnia.
Por Argentina, integrarán esa comisión especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, institución que cuenta con una especialidad en el área de celulosas.
En medio de estas reuniones, se conoció la noticia de un atentado contra ambientalistas uruguayos, cuando un grupo entre los que se encontraba la odontóloga Julia Cóccaro, recibió un impacto de bala en el auto donde viajaban, en cercanías de Fray Bentos. Cóccaro ha encabezado desde años la lucha en esa ciudad en contra de la instalación de las plantas papeleras.
El auto transitaba en esos momentos cerca del puesto de acopio de la empresa finlandesa Botnia, muy cerca del puente internacional General San Martín que une Gualeguaychú y Fray Bentos.
El informe de la CARU
En otro orden, Irigoyen recibió el martes de parte de la CARU, una copia del informe elaborado por los asesores de dicho organismo en febrero de 2004 respecto del impacto ambiental que acarrearían dichas industrias, como así también copia del acta acuerdo bilateral firmado en junio del mismo año. Cabe recordar que dichos pedidos había sido realizados por el propio intendente de Gualeguaychú en abril de este año.
La respuesta de la CARU, firmada por el embajador Roberto García Moritán, niega las afirmaciones de la prensa en cuanto a las supuestas afirmaciones atribuidas al informe producido por los asesores de dicho organismo, ya que las mismas “no existen”, según reza el documento recibido por Irigoyen.
En tanto, se señala que tampoco es correcta la referencia que el entendimiento de los cancilleres de Argentina y Uruguay da “por finalizado el conflicto”, por cuanto dicho entendimiento “sólo estableció el compromiso por parte del gobierno uruguayo de comunicar toda la información relativa a la construcción de la planta (M´Bopicuá) y en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo por parte de la CARU, de la calidad de las aguas conforme al Estatuto del Río Uruguay”.
En el informe elaborado por la CARU a pedido del intendente se consigna además: “En este sentido, corresponde señalar que lamentablemente la CARU se ha encontrado imposibilitada en su actuación en virtud de la sistemática negativa uruguaya de permitir que este organismo actúe conforme lo previsto el artículo 7° del Estatuto del Río Uruguay. Esta situación de parálisis por la falta de consenso uruguayo ha llevado a que la cuestión sea considerada entre ambas Cancillerías ante el grave incumplimiento de la República Oriental del Uruguay al Estatuto del Río Uruguay. Las reiteradas protestas argentinas no modifican la negativa del Uruguay para que la CARU pueda actuar”.
