En este sentido también coincidió con la “universalidad del beneficio, como lo dispone el proyecto de ley, porque esto evita la demagogia y el clientelismo político.”
Más adelante consideró que “debemos reparar la injusticia que significa que haya más de 200.000 niños y adolescentes que soportan el doble castigo que sus padres, tutores, guardadores o responsables estén desocupados y además no perciban esta asignación”, finalizó.
