Con respecto al IOSPER, Ghiano destacó “las innumerables irregularidades, destinos desconocidos de dineros y otras menudencias en la obra social de los empleados públicos reconocidas por el propio gobernador y que han llevado al colapso del IOSPER», subrayando que “quien debía auditar los actos administrativos, sin que se haya conocido planteo o denuncia suya en su momento, ahora es designado interventor”.
Por otra parte, entendió que una situación similar se da con el decreto de creación de la CODESAL (corporación para el desarrollo de Salto Grande) “donde por vía de decreto se evita una ley como lo dispone la Constitución cuando se trata de una donación de terrenos del estado y como si esto fuera poco se dispone la utilización arbitraria y discrecional de recursos públicos para beneficiar a los amigos del gobierno”.
Ghiano, finalmente puso de relieve las recientes “acusaciones de directores de escuelas que denunciaron la direccionalidad en la contratación de obra para las reparaciones de edificios escolares, involucrando a funcionarios del gobierno. Esto esta demostrando una inmensa indefensión ciudadanía y sus instituciones para denunciar la presunción de actos ilegales o de corrupción por cuanto los mecanismos que deberían ejercer el control y la investigación han sido totalmente desmantelados para permitir estos hechos”, según explicó el radical.
