«Es de desear -reflexionó-, que tras esta supuesta euforia con que el gobernador celebra la reestatización de la empresa, los entrerrianos no terminemos pagando la fraudulenta deuda de 80 millones de pesos más otro tanto por el traspaso de bienes». Mainez aclaró que su postura no se funda en una posición anti-estatista, sino en la necesidad de no repetir experiencias anteriores, consistentes en convertir a las empresas en botines partidarios.
El gobierno provincial, ayer, por medio del Decreto N° 2154/05, ordenó la caducidad de la concesión del servicio a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos S.A. (EDEERSA), la cual ha sido otorgada a a la empresa Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA).
Mainez consideró un “ineludible ejercicio de memoria recordar que estos mismos funcionarios que hoy se postulan estatistas, son los que en la década del 90 privatizaron las empresas entrerrianas con el argumento de que daban pérdidas”. Mainez recordó que en ese entonces “se dijo que con el dinero de la venta de la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos, se iban a construir hospitales que casi a 10 años de su anuncio no están funcionando», manifestó.
El diputado expresó su preocupación porque en el decreto no se explicita el monto que deberá pagar la provincia por los bienes transferidos de EDERSA a ENERSA. A la vez, tampoco se establece la cifra por los perjuicios sufridos por la provincia ante la caducidad de la concesión.
Para el legislador resulta llamativo que aún no se haya determinado la cifra que deberá afrontar el Estado por la transferencia de los bienes de EDEERSA que son declarados esenciales para la prestación del servicio. Los números, consideró, deberían estar explicitados en el Decreto con el que se crea la empresa estatal. «El riesgo es que, bajo el argumento de que la empresa vuelve a manos del Estado, los entrerrianos terminemos pagando un monto que no corresponde y a un grupo financiero que no se termina de saber quién es».
El legislador señaló que esta sociedad del Estado no está contemplada en el presupuesto del año en curso. Por lo tanto, se desconoce de dónde saldrá el dinero para su funcionamiento.
Entre otro de los aspectos poco claros, Mainez consideró poco razonable que, en pos de asegurar la fuente laboral, los trabajadores que han venido desempeñándose en EDEERSA deban inscribirse en un registro de postulantes para pasar a la nueva empresa estatal. Mainez se preguntó además si la eliminación del Programa de Propiedad Participada no traerá a futuro perjuicios judiciales al Estado.
