En los fundamentos de este proyecto se explica que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que la regulación pesquera en los ríos es facultad de las provincias pero se aclara que “si las provincias no se ponen de acuerdo esta facultad de poco sirve ya que debe haber un marco de convenio que permita hacer de la pesca un desarrollo productivo y no una cuestión de depredación”.
En este sentido, el proyecto de Godoy considera “urgente regular la actividad ya que si no las consecuencias las padecerán las generaciones futuras a las que estaremos privando de un recurso renovable que no tiene una capacidad de recomposición según el actual ritmo de pesca”.
