“El problema que tenemos con el desembolso del dinero que la Nación depositó en el Banco Nación acá para que la municipalidad maneje ese dinero, es que ese dinero entra en el circuito municipal. La última palabra la tiene la contadora del municipio”, expresó González.
La contadora municipal Liliana Viera es quien firma las certificaciones para que transfiera el dinero. “Hay un problema interno entre ellos que no tiene nada que ver con nosotros y los únicos perjudicados somos nosotros. Lo que queremos es que la Nación, la provincia, el IAPV o quien sea, solucione esto y que el dineros e maneja de la Nación hacia las cooperativas”, dijo.
González aseguró que el propio intendente Cresto les confesó en una reunión: “que la contadora era la esposa de Orduna y ese es el problema que tienen ellos. Los que pagamos el pato somos nosotros. Un problema político entre ellos, lo pagamos nosotros”.
El diseño del plan para que las cooperativas se hagan cargo de la construcción de viviendas populares se basaba en la apertura de cuentas bancarias en el Banco Credicoop, para que los cooperativistas manejen el dinero en forma directa. Pero la municipalidad tomó la administración del dinero, aduciendo que lo mejor era controlar a las cooperativas para que gasten eficientemente y no desvíen el dinero a otros fines.
González aseguró que “a nosotros nos hicieron abrir cuentas bancarias en el banco Credicoop de adorno. Las tenemos de adorno. Porque la plata está seis horas depositada en el banco. Así como entra, sale. El manejo de dinero lo hace la municipalidad, con todo el trámite burocrático que tiene la municipalidad para pagarnos. Ese es el problema más grave”.
Más adelante, el cooperativista señaló que en dos meses y medio de trabajo: “nunca se entregó el material a tiempo, siempre hubo problemas de transferencia de fondos de la municipalidad a los corralones y hacia los lugares donde nosotros retiramos la madera”, dijo.
“Todas las cuentas de los corralones están cerradas en estos momentos porque la municipalidad no paga. Y no paga tampoco las certificaciones a la gente. En la Bianca hace una semana y pico que certificaron y todavía no le pagaron”, añadió luego.
Piden una auditoría
Las críticas no sólo apuntan al atraso, sino que también ponen el tapete en el manejo del dinero. “Para esta primera etapa en la construcción de las viviendas, vinieron $ 2.300.000. Nosotros sacamos cuenta que se gastó la mitad de esa plata en la construcción de esta vivienda, queremos saber que pasó con la otra plata”, indicó.
Luego añadió tener certeza que “la plata no se ocupó en la totalidad”. González pidió que la Nación o la provincia hagan una auditoría sobre los fondos remitidos. “Nosotros somos los que firmamos para que se paguen cada una de esas cosas. El día de mañana, los que vamos a ir presos somos nosotros. Los presidentes de las cooperativas son los únicos involucrados en este tema. El otro responsable directo es Cresto”, expresó.
Hugo Barrios, otro cooperativista, se sumó a las críticas vertidas por González. “Lo que nosotros venimos a pedir al IAPV es sacarle el manejo administrativo al municipio. No nos sirve. Esto es un plan social y parecemos una empresa privada. Hacen lo que quieren con la ‘guita’ y nosotros estamos pagando el pato de todo esto”, expresó.
Barrios trabaja en las cooperativas ubicadas en La Bianca. “El problema que tenemos es que no cobramos la certificación. Según nos contesta el municipio, es que el mecanismo de la contaduría es bastante largo. Vamos a cobrar recién a los 45 días que empezamos a trabajar y la gente no aguanta más”, expresó.
“Según el municipio, la plata para la segunda certificación no fue enviada de la Nación al municipio. Ese es el gran problema”, añadió Luego
María del Carmen Sánchez, presidente de la Cooperativa “11de junio”, expresó que para la segunda etapa: “no nos entregaron ningún material. Es responsabilidad del municipio o de autoconstrucción porque no nos dieron ni un clavo de la segunda etapa, como correspondía”
Sánchez trabaja en el barrio Fatima. Allí, hace 30 días que los cooperativistas esperan la segunda certificación. “Estuvimos haciendo cositas, cosas que no nos correspondían pero con material de la primera etapa. De la segunda etapa no nos entregaron ni siquiera un clavo. ¿Con que mandamos los chicos a la escuela, como vamos a atender a los trabajadores que hay atrás mío?”, se preguntó.
