Ferro estaba convocado para las 8 de la mañana, mientras que Cabrera lo siguió en la instancia indagatoria. El ex hombre de confianza de Sergio Montiel llegó acompañado del abogado paranaense Juan Carlos Gemignani, quien ayer tuvo un duro revés judicial en el mismo Juzgado de Instrucción, ya que antes del mediodía se le contestó un pedido de prescripción que realizó en horas de la mañana. Gemignani -identificado históricamente con el radicalismo y esposo de la desaparecida ex concejal Mercedes Lescano, fallecida trágicamente a fines del 2003- se equivocó en su planteo, según se pudo saber –en cuanto a la tipificación legal de la causa-, por lo cual fue desestimado el planteo realizado, según la información proporcionada por Análisis Digital.
La sorpresa de la jornada fue la presencia del abogado Alberto De Torres, como defensor del ex funcionario radical Cabrera. El ex secretario de la Cámara de Diputados de la provincia en las últimas gestiones justicialistas, ex subsecretario de Justicia en el anterior período bustista y ex funcionario de Carlos Menem en la última etapa de su mandato fue quien le sugirió a Cabrera que se abstuviera de declarar en la causa. A partir de la llegada de Jorge Busti a su tercera Gobernación, De Torres se transformó en el Liquidador de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), precisamente el organismo que denunció a su ahora defendido. En tanto, Silvina Patricia David compareció acompañada de Silvina Sotera, esposa del abogado Germán Coronel.
La denuncia, realizada por la FIA en el 2001, luego de una presentación formalizada por el entonces vocero Martín Fabre (actual Coordinador General de Unidad Ejecutora Provincial), en su momento recaló en el juzgado a cargo de Susana Medina de Rizzo, ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Allí se consignaba que “a través de la apariencia de contratos individuales de publicidad con la firma Val Producciones de Silvina Patricia David, se habría obviado deliberadamente el cumplimiento del artículo 3º, inciso “f” del Decreto 795/96 que regula las contrataciones del Estado y dispone evitar las contrataciones parciales, simultáneas o sucesivas. Desde Información Pública se firmaron cada mes, órdenes de publicidad por una cifra mayor a los 10.000 pesos, monto límite que está facultado a autorizar el secretario General de la Gobernación. De tal modo, entre abril y agosto de 2000 se contrató con esta firma un monto aproximado a los 100 mil pesos. Se agrega a esto la utilización de órdenes de publicidad “bis”, creados de forma tal que se torna dudosa su correspondencia con las fechas en que realmente se suscribieron y la probable falsificación de instrumentos mediante la adulteración de los contenidos de planillas y firmas”, según consignaba la ex FIA.
De la documentación analizada surgía además que “durante el año 2000 la agencia ya nombrada pautó publicidad exclusivamente con la Dirección General de Información Pública ya que utilizó las facturas en forma correlativa y sucesiva del único talonario “C” con el que contaba la misma. Pero también en todos los casos en los que se contrataba publicidad por intermedio de la Agencia Val Producciones, los medios elegidos por la DGIP invariablemente coincidían con aquellos en los que se emitía en forma directa o en cadena el programa de comentarios políticos conducido a cargo de Ricardo David, padre de quien aparecía como responsable de la agencia en las facturas”.
Esta notable orientación hacia el medio en el que se propalaba el programa del comunicador se advertía además “en las contrataciones directas que simultáneamente venía produciendo la Dirección de Información Pública a cargo de Cabrera. A partir de junio de 2000 se incrementaba notoriamente la contratación directa de publicidad oficial con FM Litoral en coincidencia con la fecha del traslado a ese medio del programa de David. Además, el último día en que esta persona emitió su programa en LT14, la DGIP dejó sin efecto el convenio publicitario que había pautado en forma directa con esa emisora de amplitud modulada y que debía extenderse hasta junio”.
“Toda esta aparente desviación de fondos públicos que habría estado destinada a pagar publicidad oficial en beneficio de determinadas personas hace sospechar que en realidad el objetivo propuesto era encomiar y contribuir a la formación de opinión pública favorable a la gestión de gobierno”, se añadió en su momento.
Analizadas las órdenes de publicidad firmadas con la DGIP entre marzo y agosto de 2001 se observaba que “se mantienen características similares en relación a la ausencia de un criterio objetivo de selección así como a la consecuente concentración en algunos medios y programas que resultan favorecidos en perjuicio de otros”. Así las cosas, entre junio, julio y agosto de ese año la DGIP “pautó publicidad por un total de 14.000 con la Agencia MyR Producciones para que se difunda en el Programa De Frente, de David.
La denuncia, radicada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Paraná, se formuló contra el ex director de la DGIP Rubén Cabrera y el secretario de la Gobernación, Gabriel Ferro, “así como contra otros funcionarios públicos según lo revele el curso del proceso o también de aquellas personas que pudieran ser penalmente reprochables por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documentos en general”.
