De esta manera, un nuevo factor entra en juego en la disputa que la UGL XXXIV mantiene con las gerenciadoras, en este caso un organismo de control que abogará por que los prestadores cumplan los compromisos asumidos con la obra social y, por ende, con sus afiliados.
Por su parte, desde el PAMI central se subrayó que el acuerdo con Defensa del Consumidor tiene un correlato a nivel nacional que “permitirá la capacitación de afiliados asociados a centros de jubilados, para que en los niveles nacionales, provinciales y municipales, cooperen en el control y mejora de precios, haciendo hincapié especialmente en la protección de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y que residan en regiones alejadas de centros urbanos”.
En este sentido la Licenciada Graciela Ocaña precisó que «las entidades que agrupan a los jubilados tienen una red extendida en todo el país, y por su experiencia y sacrificio de toda una vida, colaborarán eficazmente en el control de los precios y pelearán para defender sus derechos, frente a la avidez y falta de compromiso social de quienes especulan con sus necesidades».
